La Contraloría General detectó que el Estado no ha cumplido con su obligación de cobrar el alquiler de dos inmuebles ubicados en el Callao; y tampoco ha iniciado acciones para que dichos locales sean desalojados por falta de pago, habiéndose acumulado una deuda de S/ 2 069 477 a diciembre del 2023. Cuatro funcionarios del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) tendrían presunta responsabilidad administrativa en estos hechos.
Según el Informe de Control Específico N° 019-2024-2-0282-SCE, estos inmuebles fueron incautados a sus propietarios por estar involucrados en delitos de lavado de activos y organización criminal en agravio del Estado. Luego, fueron entregados al PRONABI para su administración.
Cuando los funcionarios del PRONABI acudieron a los inmuebles incautados, los encontraron ocupados por arrendatarios (inquilinos) quienes mostraron sus contratos de alquiler, los recibos de pago y expresaron su voluntad de continuar ocupando dichos locales, comprometiéndose a pagar puntualmente la renta al Estado. Sin embargo, no cumplieron con su palabra.
El caso más grave es de una empresa privada que no le ha pagado al Estado la renta mensual de US$ 4500 durante los últimos 115 meses (9 años y 8 meses al cierre del 2023), acumulando una deuda de US$ 517 500 o S/ 1 921 777, por ocupar un edificio de cuatro pisos ubicado en la Av. Garcilaso de la Vega, en la Urbanización La Colonial, Bellavista, Callao.
Esta empresa nunca depositó el monto del alquiler en la cuenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), como se había comprometido hacerlo en el 2014. El PRONABI le cursó 8 cartas y 1 oficio para que pagara la renta, sin obtener respuesta. En marzo del 2024, los auditores acudieron al inmueble y comprobaron que otra empresa ocupaba ahora el inmueble. El PRONABI no tiene ningún contrato de alquiler con esta nueva empresa, la cual se niega a recibir los documentos de cobranza del alquiler que llegan a nombre de la anterior empresa, a diciembre del 2023.
En la segunda etapa de Oquendo, también en el Callao, se encuentra ubicado otro inmueble administrado por el PRONABI desde setiembre del 2020. En este caso, los arrendatarios pagaron la renta mensual de S/ 4000 los dos primeros meses (setiembre y octubre del 2020) y los 37 meses siguientes (3 años y 1 mes) no transfirieron recursos al Estado, acumulando una deuda de S/ 148 mil. El PRONABI entonces les envió 16 cartas de cobranza y 6 oficios, sin lograr que regularicen sus pagos a diciembre del 2023.
Estos dos inmuebles del Callao mantienen una deuda acumulada de S/ 2 069 477 al PRONABI, pero no son los únicos casos. La Contraloría también detectó otros dos casos en La Libertad y Tacna, de menor magnitud, como se observa en el siguiente cuadro:
Inmuebles incautados administrados por el PRONABI con deuda pendiente.
| Inmueble | Fecha de acta de incautación | Renta mensual | Antigüedad de la deuda | Deuda al 31/12/2023 |
| Av. Garcilaso de la Vega Mz. N, Lt 5 N° 258 y Lt 6, N° 260 de la Urbanización La Colonial, Callao. | 10.04.2014 | US$ 4500 | 9 años 8 meses (115 meses) | US$ 517 500 (S/ 1 921 477) |
| Av. Los Alisos Mz. B, Lt 2. Asoc. Horizonte Azul, 2da etapa Oquendo, Callao. | 02.09.2020 | S/ 4000 | 3 años 1 mes (37 meses) | S/ 148 000 |
| Otros casos | ||||
| Av. Fátima N° 531 y N° 541, Urb. La Merced, 3ra etapa, Trujillo, La Libertad. | 09.08.2018 | US$ 3500 | 6 meses | US$ 21 000 (S/ 77 973) |
| Calle Callao N° 215, Tacna. | 25.04 2019 | S/ 1050 | 9 meses | S/ 9 600 |
| Total | S/ 2 157 050 |
En agosto del 2018, se incautó el inmueble ubicado en la Urbanización La Merced, en La Libertad y fue arrendado a un estudio de abogados por la suma de US$ 3500 mensuales. En este caso, dejaron de pagar el alquiler los últimos seis meses, acumulando una deuda por US$ 21 mil. En este caso, el PRONABI remitió 4 cartas y 5 oficios solicitándoles el pago pendiente, sin éxito.
Otro inmueble fue incautado en abril del 2019, en Callao 215, Tacna, y fue arrendado a S/ 1050 mensuales. A diciembre del 2023, la deuda acumulada suma S/ 9600 correspondiente a 9 meses de renta impaga. Ante el incumplimiento, se les cursó una carta de cobranza y dos oficios.
Inacción del PRONABI
De acuerdo con el informe de control, los arrendatarios de los cuatro inmuebles firmaron un contrato y se comprometieron a cumplir con el pago puntual del alquiler (merced conductiva) bajo apercibimiento de proceder con la desocupación del inmueble y entrega física al PRONABI, lo cual no se ha concretado.
La Contraloría General identificó presunta responsabilidad administrativa a cuatro funcionarios del PRONABI por no haber adoptado medidas para efectivizar el cobro de las deudas acumuladas por estos cuatro inmuebles incautados que fueron arrendados, situación que ha afectado la adecuada custodia y administración de dichos bienes; así como la imposibilidad de percibir la recaudación oportuna del dinero.
Link de informe de control específico: