El turismo hacia Machu Picchu, la joya arqueológica más visitada del Perú y uno de los principales destinos del planeta, estuvo a punto de paralizarse por completo. Luego de varias semanas de tensión, bloqueos y choques en Ollantaytambo, las empresas Consettur Machu Picchu SAC y San Antonio de Torontoy SA alcanzaron un consenso con la mediación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El acuerdo garantiza la continuidad del transporte en la ruta Hiram Bingham, la única vía que conecta el pueblo de Machu Picchu con la ciudadela inca.
¿Por qué se originó el conflicto?
El enfrentamiento entre ambas compañías comenzó a inicios de septiembre, cuando venció el contrato de 30 años de Consettur. La Municipalidad de Urubamba otorgó la buena pro a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó protestas inmediatas. Trabajadores de ambas empresas y comunidades locales se enfrentaron en las calles, mientras los turistas quedaban atrapados en medio de bloqueos y desinformación. La disputa no solo afectó el tránsito de visitantes, sino que puso en jaque la imagen internacional del Perú como destino seguro.
Acuerdos alcanzados en Lima
Tras una reunión clave en la PCM, se establecieron medidas concretas para evitar que la disputa escale nuevamente:
- Consettur y Torontoy implementarán un plan de contingencia que asegure el transporte turístico sin interrupciones, bajo estrictas normas legales.
- La Municipalidad Provincial de Urubamba asumirá la tarea de socializar la información sobre el proceso que definirá al nuevo operador oficial.
- Las municipalidades y la Policía Nacional coordinarán acciones conjuntas para garantizar la seguridad de los turistas.
Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca evitar un nuevo escenario de violencia como el que ya se vivió en Ollantaytambo, donde las protestas llegaron a niveles críticos.
¿Qué está en juego con Machu Picchu?
La polémica sobre el transporte a Machu Picchu no es reciente. Durante tres décadas, el servicio operado por Consettur ha sido cuestionado por presuntas prácticas monopólicas y tarifas elevadas. La entrada de San Antonio de Torontoy prometía generar mayor competencia y mejores condiciones para los viajeros, pero al mismo tiempo desató una pugna política y económica en Cusco.
La ruta Hiram Bingham, de apenas 9 kilómetros, mueve millones de dólares anuales debido al enorme flujo de turistas nacionales y extranjeros. Cualquier interrupción impacta directamente en hoteles, restaurantes, guías turísticos y artesanos de la región.
¿Qué viene después del consenso?
El acuerdo firmado en Lima garantiza solo la continuidad temporal del servicio. La verdadera definición vendrá con la licitación final del transporte hacia Machu Picchu, un proceso que debería marcar el cierre de tres décadas de exclusividad y controversias.
Los operadores turísticos y la sociedad civil exigen que dicho concurso sea transparente, competitivo y supervisado internacionalmente, para evitar sospechas de favoritismo. El reto es encontrar un equilibrio entre la rentabilidad empresarial, la protección de las comunidades locales y la preservación del patrimonio cultural.
Turismo en riesgo: ¿qué dicen los actores locales?
Las comunidades y gremios del sector turístico de Cusco han señalado que no se puede repetir una crisis como la vivida en septiembre. “No solo se afecta la economía local, sino la credibilidad del Perú ante el mundo. Machu Picchu es un símbolo global y debe estar por encima de intereses privados”, declaró un representante de los guías de turismo.
De su lado, el Gobierno aseguró que el diálogo será permanente y que se mantendrán reuniones de seguimiento en Cusco. “El turismo no puede detenerse, porque detrás de cada visitante hay miles de empleos que dependen de esta actividad”, subrayó la PCM en su comunicado.
Una tregua frágil
Aunque la crisis parece resuelta en el corto plazo, el acuerdo entre Consettur y Torontoy es apenas una tregua. El verdadero reto es definir de manera definitiva quién tendrá la concesión y bajo qué reglas se garantizará un servicio de calidad y sostenible. Mientras tanto, turistas y operadores respiran aliviados, conscientes de que el acceso al santuario histórico no puede ser rehén de disputas empresariales ni políticas.