Pleno respalda cambios para cerrar vacíos en la Ley 32190
El Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen que modifica la Ley 32190, norma que creó el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos. Con 67 votos a favor y 7 en contra, el Pleno dio luz verde en primera votación a un paquete de precisiones normativas que busca fortalecer la protección, identificación y compensación de quienes sufren daños por emergencias ambientales vinculadas al sector hidrocarburos.
El dictamen, impulsado desde la Comisión de Energía y Minas, incorpora los artículos 3 y 4 a la norma vigente. La modificación establece que el registro incluirá a todas las personas naturales y jurídicas afectadas por derrames o fugas asociadas a empresas del sector hidrocarburos que cuenten con autorización vigente. El objetivo es dar claridad jurídica y evitar interpretaciones restrictivas que, en la práctica, dejaban fuera a múltiples actores perjudicados.
Una de las novedades de la propuesta es la inscripción excepcional, de carácter temporal, para los afectados por derrames ocurridos en la costa peruana desde el 1 de enero de 2022 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley. Esta disposición se diseñó principalmente para asegurar cobertura a las poblaciones afectadas tras los desastres ambientales de los últimos años, incluido el derrame de petróleo que impactó gravemente la costa central en 2022.
Supervisión ambiental reforzada y reglamento en 30 días
La norma también establece que la supervisión del proceso estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad encargada de asegurar un monitoreo especializado y transparente. El OEFA será responsable de verificar la correcta inscripción, registro y seguimiento de los casos reportados, garantizando que el proceso tenga legitimidad y no sea afectado por intereses privados ni interferencias externas.
El dictamen incorpora además una disposición complementaria que encarga al Poder Ejecutivo —en un plazo máximo de 30 días— la adecuación del reglamento de la Ley 32190. Este ajuste deberá definir el procedimiento de inscripción, los criterios técnicos y el protocolo de compensación, con el fin de asegurar un proceso claro, verificable y eficiente para todas las personas afectadas. La medida busca evitar los retrasos, la falta de coordinación interinstitucional y las brechas de información que, en años recientes, han dificultado la atención de emergencias ambientales.
La pregunta central del debate fue clara: ¿el marco actual es suficiente para proteger a las comunidades afectadas por derrames? Para la mayoría del Pleno, la respuesta es no. La falta de precisión normativa, la lentitud en las compensaciones y los vacíos regulatorios hicieron necesario actualizar la ley para garantizar una respuesta estatal más ágil, integral y transparente.
Argumentos a favor: reconocimiento, seguridad jurídica y prevención
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Raúl Cutipa Ccama (JP-VP-BM), destacó que la modificación otorga seguridad jurídica y un reconocimiento oficial a las personas afectadas, elementos indispensables para acceder a procesos de reparación económica y social. Según indicó, la norma reducirá los riesgos de conflictividad social y permitirá respuestas más rápidas y coordinadas ante futuros derrames.
El congresista Segundo Quiroz Barboza (APP), autor de la iniciativa, sostuvo que la modificatoria “subsana vacíos regulatorios” y garantiza la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de las poblaciones y empresas afectadas. Su planteamiento apuntó a la necesidad de un marco legal sólido que no deje espacio para arbitrariedades ni exclusiones.
Desde otra perspectiva, el legislador Edgar Tello Montes (Perú Libre) respaldó la propuesta remarcando que el principal problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de regulación eficaz. Aseguró que el texto aprobado refuerza los mecanismos de prevención, respuesta inmediata y supervisión ante emergencias ambientales.
El congresista Carlos Alva Rojas (AP) alertó sobre los “microderrames” que se producen diariamente durante operaciones de desembarque de hidrocarburos. Según indicó, el daño acumulado por estos eventos menores podría superar al de un gran derrame si no existe un sistema de control y registro activo. En ese sentido, consideró clave que la nueva versión del registro permita identificar todas las afectaciones, incluso las más pequeñas.
Asimismo, el legislador Guido Bellido Ugarte (Perú Libre) enfatizó los impactos letales de los derrames en los ecosistemas y en la economía local, particularmente en las familias de pescadores, uno de los sectores más golpeados por los eventos de 2022 y 2023. Su intervención subrayó la necesidad de garantizar reparaciones integrales, reales y oportunas.
Posturas críticas: exclusión de Petroperú y cuestionamientos políticos
Aunque la norma obtuvo amplio respaldo, no estuvo exenta de críticas. El congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) expresó su desacuerdo señalando que el dictamen envía “un mal mensaje al país” al no incorporar a Petroperú dentro del ámbito de responsabilidad. Recordó múltiples derrames registrados entre 2023 y 2025, algunos de ellos producto de fallas operativas o negligencias que, según dijo, no pueden quedar fuera del marco legal.
Por su parte, el legislador Jorge Marticorena Mendoza (APP) advirtió que muchos derrames ocurren por sabotajes a oleoductos. En ese sentido, pidió que el Estado, a través del Ministerio de Defensa, garantice el resguardo integral de la infraestructura petrolera y que los responsables de estos actos asuman el costo de los daños generados.
El congresista Edwin Martínez Talavera (AP) cerró el debate señalando que es deber del Parlamento legislar en contextos donde el Estado no consigue brindar protección real a la ciudadanía. Denunció que empresas como Repsol continúan afectando gravemente a pescadores, comerciantes y a la cadena económica asociada al mar, por lo que exigió reparaciones integrales y medidas preventivas definitivas.
La norma aprobada en primera votación pasará en los próximos días a una segunda votación. De ratificarse, el Ejecutivo deberá implementar de inmediato los ajustes reglamentarios para que el registro y los mecanismos de compensación entren en funcionamiento sin más retrasos.