El Congreso de la República ha reforzado su control sobre la presencia de los trabajadores en el centro de trabajo. A través de un comunicado, la institución recordó que está prohibido salir del Congreso sin autorización, una medida que busca evitar ausencias injustificadas durante la jornada laboral. La medida surge en medio de investigaciones por el caso de Andrea Vidal, quien estuvo vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento.
La nueva disposición responde a revelaciones de chats filtrados que mostraron cómo Vidal y otros empleados se beneficiaban de permisos irregulares para realizar actividades personales fuera de su horario laboral. En los intercambios, se evidencia cómo Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, gestionaba las salidas de Vidal y otros trabajadores, en lo que parece una práctica poco transparente.
Además de las salidas irregulares, se conoció que Isabel Cajo, otra empleada relacionada con el caso, también solicitó y obtuvo permisos para viajar al extranjero antes de recibir la autorización formal. Estos hechos han desatado críticas sobre la falta de control en el manejo de los recursos humanos en el Congreso, generando preocupación sobre la transparencia en las operaciones del poder legislativo.
Como respuesta, el Congreso ha anunciado que implementará medidas de supervisión más estrictas, como visitas inopinadas del Grupo Funcional de Registro y Control de Personal. El congresista Carlos Anderson señaló que el Parlamento carece de mecanismos de control efectivos, denunciando que muchos trabajadores no cumplen con su jornada laboral y que es urgente poner en marcha un sistema más riguroso de fiscalización.
