Una medida largamente esperada en Cofopri
El Pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen que autoriza la actualización de la escala remunerativa del personal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, una demanda que llevaba casi tres décadas sin respuesta. La decisión se tomó tras un debate que puso sobre la mesa la precariedad salarial de un grupo de trabajadores que, pese a ingresar por concurso público, permanecían con remuneraciones congeladas desde los años noventa.
El dictamen reúne los proyectos de ley 11266/2024-CR y 11726/2024-CR, y fue aprobado en primera votación con 76 votos a favor y 7 abstenciones. Minutos después, el Pleno también respaldó la exoneración de la segunda votación con 81 votos a favor y 9 abstenciones, por lo que la norma quedó lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. El acuerdo fue descrito como una reivindicación necesaria en un contexto en el que el costo de vida y las responsabilidades institucionales han cambiado de manera drástica en los últimos 28 años.
Un rezago salarial que supera el cuarto de siglo
Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto (APP), expuso con claridad la magnitud del problema. “Cofopri mantiene desde hace 28 años una escala remunerativa desactualizada, sin ser revisada a pesar del incremento en el costo de vida y la ampliación de la responsabilidad funcional de sus servidores”, señaló. Según el legislador, esta situación ha provocado una pérdida significativa del poder adquisitivo, así como una “marcada desigualdad” frente a otras entidades públicas.
El desfase ha tenido consecuencias directas en la operatividad de la institución. Soto advirtió que la falta de una actualización salarial ha generado alta rotación de personal calificado, lo que afecta especialmente las labores técnicas de campo y la atención en contextos de emergencia. Actualmente, Cofopri cuenta con 936 trabajadores, pero solo 146 se encuentran bajo el régimen 728, es decir, apenas el 15.6% del total. Este grupo, pese a haber ingresado mediante concurso público, no ha recibido un incremento salarial desde 1997.
La pregunta que sobrevoló el debate fue evidente: ¿cómo puede funcionar adecuadamente una entidad clave para la formalización de la propiedad si sus trabajadores llevan casi tres décadas sin una remuneración acorde a sus funciones? Para varios parlamentarios, el rezago ha puesto a Cofopri en una situación de desventaja frente a otras instituciones que sí han modernizado sus estructuras salariales.
Impacto de Cofopri: casi 12 millones de beneficiarios
Más allá del plano administrativo, la discusión en el Congreso también recordó el rol social que cumple Cofopri. La autora del Proyecto de Ley 11266, la congresista Marleny Portero (Acción Popular), sostuvo que esta actualización salarial es “un acto de equidad” con una entidad que ha sido determinante para la seguridad jurídica de millones de peruanos. Recordó que Cofopri ha permitido que cerca de 12 millones de ciudadanos regularicen la posesión de sus predios, facilitando su acceso al sistema financiero y otorgando protección legal en contextos complejos, como ocurrió tras el terremoto de Ica en 2007.
“Es importante reconocer el esfuerzo constante de los trabajadores que han sostenido esta labor durante años, incluso en zonas de difícil acceso”, enfatizó Portero. La congresista resaltó que el éxito de los programas de formalización no sería posible sin la participación directa de los equipos técnicos que recorren el país realizando diagnósticos, levantamientos catastrales y asesorando a las familias en proceso de titulación.
Por su parte, el congresista Edgar Raymundo (Bloque Democrático), autor del Proyecto de Ley 11726, defendió la necesidad de corregir esta situación. “Esto es un gran esfuerzo institucional y se debe principalmente al trabajo abnegado y consecuente de los trabajadores de Cofopri”, remarcó. Al igual que Soto, recordó que el personal del régimen 728 no recibe incrementos desde hace casi tres décadas, lo que evidencia una brecha que ya resultaba insostenible.
Financiamiento sin afectar el Tesoro Público
Una de las interrogantes clave del debate fue el impacto fiscal de la medida. Para evitar una presión adicional sobre las cuentas públicas, el dictamen aprobado autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar un estudio técnico y aprobar una nueva escala salarial financiada íntegramente con el presupuesto institucional de Cofopri. Es decir, la actualización no demandará recursos adicionales del Tesoro Público.
Este punto fue clave para lograr consenso en el Pleno, ya que varios parlamentarios han mostrado reservas en aprobar normas que impliquen incrementos presupuestales. El marco aprobado permite una actualización progresiva y responsable, alineada con la disponibilidad financiera de la propia entidad. Además, la nueva escala contribuiría a mejorar la retención de profesionales especializados y a fortalecer la capacidad operativa de Cofopri en regiones donde la informalidad predial sigue siendo uno de los principales desafíos.
Con la votación final, el Parlamento cerró un capítulo pendiente y dejó en manos del Ejecutivo la promulgación de la norma. La medida, destacan los congresistas que la impulsaron, no solo corrige un histórico retraso, sino que también busca asegurar que la institución cuente con el personal técnico necesario para enfrentar los retos de la formalización en los próximos años.