El transporte de combustible para la minería ilegal en la región Loreto terminó con una sentencia condenatoria. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Nauta logró que Manuel Castillo sea condenado a cinco años de prisión por el delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a esta actividad ilícita.
La condena se produjo luego de que el procesado admitiera su responsabilidad y se acogiera al mecanismo de terminación anticipada. Como resultado, la pena fue impuesta con carácter suspendido y se le ordenó el pago de una reparación civil de S/ 9 000 a favor del Estado.
Intervención en el río Tigre permitió descubrir el cargamento
Según la investigación de la Fiscalía, el 21 de junio de 2026 el sentenciado fue intervenido cuando navegaba a bordo de la embarcación fluvial "BIP BIP", con destino a la localidad de Intuto, en la provincia de Loreto.
Durante el operativo, personal de la Marina de Guerra del Perú detectó que la embarcación transportaba aproximadamente 5000 galones de gasolina y diésel, considerados insumos utilizados para abastecer actividades de extracción ilegal de minerales.
Las diligencias también determinaron que 2000 galones carecían de facturas, guías de remisión y permisos que acreditaran su procedencia y transporte legal.
Combustible para la minería ilegal y otros equipos fueron incautados
Además del combustible, las autoridades encontraron diversos equipos presuntamente destinados a operaciones de minería ilegal.
Entre los bienes incautados figuran motores diésel, motobombas, un grupo electrógeno, baterías industriales y una escopeta, así como otros implementos empleados en actividades de extracción ilícita de minerales.
Estos elementos fueron incorporados como parte de las evidencias presentadas durante el proceso penal.
Fiscalía refuerza lucha contra los delitos ambientales
La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental destacó que este caso forma parte de las acciones orientadas a frenar el avance de la minería ilegal en la Amazonía peruana.
El Ministerio Público sostuvo que continuará fortaleciendo las investigaciones relacionadas con delitos ambientales y el tráfico de insumos que abastecen esta actividad ilícita, considerada una de las principales amenazas para los ecosistemas amazónicos y las comunidades que habitan la zona.