El Gobierno está a puertas de enfrentar otro ola de protestas por parte de organizaciones indígenas que representan a más de cien comunidades en Loreto, quienes exigen el cumplimiento de acuerdos establecidos desde 2017. Estas comunidades, ubicadas en las áreas de influencia de los lotes petroleros 192 y 8, han anunciado un paro indefinido y recuperación de afluentes ante lo que consideran incumplimientos del Estado.
El plazo otorgado al Gobierno peruano para responder a las demandas venció el 31 de octubre. Las exigencias incluían la implementación de acuerdos de Consulta Previa, remediación ambiental de sitios contaminados y mejora de servicios de salud en comunidades afectadas. Las organizaciones han advertido que, de no recibir una respuesta efectiva, no permitirán la reactivación de las operaciones petroleras en dichos lotes.
Desde 2017, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas y con la participación del Gobierno Regional de Loreto, se comprometió a atender estas demandas. Sin embargo, las comunidades indígenas sostienen que los compromisos no se han cumplido, lo que ha generado tensiones y el anuncio de medidas de fuerza.
El Apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), expresó que las comunidades de la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han soportado más de 50 años de problemas derivados de la explotación petrolera y enfrentan la perspectiva de otros 30 años bajo nuevos contratos.
López Tejada enfatizó que, aunque no se oponen al desarrollo, no pueden seguir siendo pacientes mientras sus territorios sufren daños. Además, solicitó comprensión a las empresas que operan en los ríos mencionados, advirtiendo que tomarán medidas para recuperar sus territorios en los próximos días.
Por su parte, el Apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), aclaró que la paralización no busca obstaculizar el desarrollo del país, sino exigir que el Estado y las empresas petroleras cumplan sus compromisos. Chino destacó que existen deudas sociales con el gobierno central y regional, y ahora esperan que los ministros se desplacen a las cuencas para ofrecer respuestas concretas. Rechazó las etiquetas de “salvajes” o “terroristas” que se les atribuyen, subrayando que son peruanos y seres humanos.
Finalmente, Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), subrayó la necesidad de un plan que garantice que no se repitan los abusos ni se incumplan los compromisos con los pueblos indígenas. Pérez señaló la falta de voluntad del gobierno regional para concretar acciones, lo que considera una falta de respeto y discriminación hacia los pueblos indígenas. Recordó el “baguazo” como un ejemplo de las consecuencias de la arrogancia y la falta de atención a las demandas indígenas.
La situación en Loreto y toda la Amazonía peruana en su conjunto es crítica, ya que las comunidades han sido históricamente afectadas por la actividad petrolera, lo que ha derivado en problemas de contaminación ambiental y de salud. La falta de atención a estos problemas ha llevado a las organizaciones indígenas a tomar una postura firme en defensa de sus derechos y territorios.