El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dieron inicio a los Censos Nacionales 2025 en los principales establecimientos penitenciarios del país, un levantamiento de información que permitirá visibilizar a más de 100 mil internos y generar políticas públicas orientadas a la resocialización, inclusión y seguridad ciudadana.
La ceremonia inaugural se realizó en el penal de Lurigancho, con la participación del viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, en representación del ministro Juan José Santiváñez. “Este censo constituye un hito histórico para el país, pues permitirá contar con información exacta sobre la población penitenciaria”, afirmó Baldeón.
Resocialización y reinserción en agenda
El viceministro subrayó que los datos obtenidos serán claves para fortalecer la resocialización productiva de las personas privadas de libertad, muchas de las cuales estudian, trabajan y participan en más de 200 talleres dentro de los penales. Recordó que el Estado tiene la responsabilidad de apoyarlas en su proceso de reinserción social, evitando la estigmatización.
En el mismo sentido, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Emilio Iván Paredes Yataco, destacó que este esfuerzo “no es solo un procedimiento estadístico, sino también una herramienta estratégica para conocer las condiciones sociales, educativas, laborales y de salud de los internos”.
Información para los tres niveles de gobierno
El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, explicó que las estadísticas que se obtengan estarán disponibles para los gobiernos nacional, regionales y locales, orientando la toma de decisiones sobre infraestructura, programas sociales y proyectos de resocialización.
En esta primera etapa, el censo abarca penales de Lurigancho, Huánuco, Arequipa, Chiclayo, Cusco y San Martín, pero se extenderá progresivamente hasta cubrir los 69 establecimientos penitenciarios del país.
Inclusión y seguridad ciudadana
El MINJUSDH indicó que el objetivo es que ninguna población penitenciaria quede excluida del proceso, lo que permitirá diseñar estrategias más inclusivas y efectivas frente a los desafíos de la seguridad ciudadana y la reincidencia delictiva.
El acto contó además con la presencia de Roy De la Torre Sucñier, director de la oficina regional de Lima del INPE, y de Óscar Vera Salas, director del Establecimiento Penitenciario Lurigancho, quienes remarcaron el compromiso institucional con esta iniciativa.