La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro consiguió que el Poder Judicial imponga nueve meses de prisión preventiva a Richard Aguilar (45), investigado por pornografía infantil agravada y tocamientos indebidos en agravio de una menor de tan solo seis años de edad. El sujeto fue capturado el pasado 22 de julio en su vivienda ubicada en el distrito del Rímac, gracias a un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú.
El caso, que ha conmocionado por la gravedad de los hechos imputados, se remonta a una alerta internacional emitida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos. Esta organización notificó a las autoridades peruanas sobre la posible participación del investigado en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, con víctimas aún por identificar.
Alerta internacional permitió su captura en el Rímac
Según la información difundida por el Ministerio Público, la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional intervino a Aguilar en su domicilio, donde se ejecutó una orden de allanamiento autorizada judicialmente. En el lugar se hallaron videos e imágenes de contenido sexual explícito con menores de edad, almacenados en diferentes dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares, CPU, USB y una tablet.
El operativo se llevó a cabo tras el cruce de información digital enviada por el NCMEC, organismo estadounidense especializado en cibercriminalidad relacionada con menores. Esta colaboración permitió identificar los patrones de distribución de contenido y la ubicación del presunto autor, quien habría estado activo en redes de pornografía infantil.
Los hallazgos durante el allanamiento fueron clave para sustentar el pedido fiscal de prisión preventiva, al considerarse que existían graves elementos de convicción que vinculan directamente al imputado con los delitos investigados.
Fiscal presentó pruebas contundentes en audiencia judicial
Durante la audiencia judicial correspondiente, la fiscal provincial Evelyn Taboada, del Equipo 1 de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Lima Centro, expuso detalladamente los elementos probatorios que justificaban la imposición de la medida coercitiva. Entre ellos destacó:
- La alerta del NCMEC que vincula al sujeto con redes de pornografía infantil internacional.
- El hallazgo de material audiovisual con contenido sexual explícito de menores en múltiples soportes electrónicos.
- El testimonio preliminar de una víctima identificada, menor de seis años.
- Antecedentes penales previos del investigado.
Un punto especialmente relevante presentado por la fiscal fue que Richard Aguilar ya había sido condenado en 2012 por abuso sexual a menores en Argentina, donde permaneció cuatro años internado en un penal. Este antecedente penal internacional refuerza el peligro de reiteración delictiva y la necesidad de asegurar la investigación con una medida privativa de libertad.
Delitos imputados contemplan penas superiores a los 10 años
La imputación comprende los delitos de pornografía infantil agravada y tocamientos indebidos en menores de edad, ambos tipificados en el Código Penal peruano con penas severas. La pena mínima por el primer delito es de 10 años de cárcel, mientras que el segundo contempla un mínimo de 9 años de prisión efectiva.
Estas circunstancias legales fueron determinantes para que el juzgado aceptara la solicitud del Ministerio Público y ordenara nueve meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa de investigación preparatoria.
La decisión también responde al riesgo procesal que implica que el acusado permanezca en libertad, considerando el peligro de fuga y la posible obstaculización de la justicia, sobre todo en la identificación de otras víctimas.
Ministerio Público ratifica compromiso en lucha contra la explotación sexual infantil
La Fiscalía de la Nación reiteró su compromiso con la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como con la protección de las víctimas y la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.
A través de sus unidades especializadas, el Ministerio Público trabaja en articulación con organismos internacionales como el NCMEC, Interpol y las fiscalías de otros países para detectar, investigar y sancionar la pornografía infantil en cualquiera de sus formas, especialmente aquella que se difunde en plataformas digitales o redes privadas de intercambio.
Este caso pone en evidencia la importancia de la cooperación entre entidades nacionales e internacionales en el combate de la ciberdelincuencia y la necesidad de fortalecer los sistemas de detección y respuesta temprana ante cualquier indicio de abuso sexual a menores.
Llamado a la ciudadanía
El Ministerio Público invoca a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de explotación sexual infantil a través de los canales oficiales. También recuerda que compartir, almacenar o reenviar imágenes de abuso infantil constituye un delito penal, incluso si se hace de manera indirecta o con fines de denuncia informal.
Cualquier información relacionada con este tipo de delitos puede ser comunicada de forma confidencial y segura a las líneas de atención del Ministerio Público o a través de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas y violencia sexual.
