La evaluación del potencial gasífero en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Madre de Dios y Puno, llegará al centro de la fiscalización parlamentaria. La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad acordó citar a ministros y funcionarios para que expliquen los alcances del convenio técnico y las medidas previstas para proteger la biodiversidad de esta área natural.
La comisión, presidida por el diputado Arturo Alegría García, de Fuerza Popular, convocará al titular de Energía y Minas, al ministro del Ambiente y a representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Petroperú y el Instituto Geofísico del Perú.
El pedido busca conocer qué comprende la evaluación, cuáles son los sustentos técnicos y qué criterios ambientales se han considerado antes de avanzar en los estudios relacionados con el potencial de gas natural de la zona.
Bahuaja Sonene: gas y biodiversidad bajo evaluación
La diputada Nora Llaque Linares, del Partido del Buen Gobierno, solicitó que se entregue una copia del convenio y de las opiniones técnicas emitidas por el Sernanp. También pidió la presencia del presidente del directorio de Petroperú para que informe sobre la participación de la empresa estatal.
Durante la sesión, la legisladora señaló que el potencial gasífero de estas áreas se estima en 10,3 trillones de pies cúbicos de gas natural, una cifra que, según sostuvo, obliga a examinar con especial atención las implicancias de cualquier evaluación en un entorno de alta biodiversidad.
La discusión se centra en conocer los alcances del convenio y las condiciones técnicas y ambientales bajo las cuales se desarrollan las evaluaciones. La convocatoria parlamentaria no supone, por sí misma, una autorización para explotar gas dentro del área protegida.
Piden información sobre el Santuario Nacional de Candamo
La diputada Haydee Poma Huamaní, de Juntos por el Perú, solicitó priorizar las invitaciones al ministro de Energía y Minas, al Sernanp y a Perupetro para que informen sobre el convenio de evaluación gasífera en el Santuario Nacional de Candamo, en la zona de Bahuaja Sonene, en Tambopata.
Poma también pidió reiterar al Gobierno Regional de Madre de Dios la entrega de información detallada sobre su estrategia de remediación de áreas degradadas y el saneamiento físico-legal de los predios bajo su responsabilidad.
El requerimiento incluye metas, cronograma, presupuesto, avances y casos de superposición de derechos. La legisladora planteó que la documentación sea remitida en un plazo de 15 días hábiles.
Fiscalización ambiental en Salaverry y Moche
La agenda de la comisión también comprendió la contaminación asociada a las actividades carboníferas en Salaverry y Moche, en La Libertad. Llaque solicitó citar al jefe de la Oficina General de Asuntos Socioambientales del Ministerio del Ambiente para conocer los resultados concretos de las acciones frente a esta problemática.
Asimismo, pidió convocar a un funcionario competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para explicar los mecanismos de supervisión ambiental del terminal portuario concesionado a STI.
La legisladora cuestionó que la propia empresa contrate al laboratorio y determine las fechas de monitoreo, por lo que solicitó aclarar cómo se garantiza la independencia de los resultados. También pidió la presencia de la presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), a fin de que informe sobre los instrumentos de gestión ambiental del puerto y el manejo del carbón.
Propuesta para obras sin certificación ambiental
Durante la sesión, la diputada Marleny Arminta Valencia, de Ahora Nación, sustentó la Proposición Legislativa N.° 00584-2026-2031-CD, denominada Ley de destrabe sostenible de proyectos de inversión ejecutados y saneamiento de pasivos ambientales.
La iniciativa plantea crear un instrumento de gestión ambiental correctivo, excepcional y por única vez para obras ejecutadas durante los últimos cinco años que no cuentan con certificación ambiental. Según su autora, el objetivo es permitir su aprovechamiento por la población y establecer mecanismos para remediar los impactos ocasionados.
La propuesta contempla evaluar los daños ambientales, exigir garantías financieras, aplicar sanciones y promover la participación ciudadana. Arminta precisó que el proyecto no elimina las responsabilidades administrativas, civiles o penales ni suspende la fiscalización ambiental. Además, excluye las áreas naturales protegidas y otros ecosistemas sensibles.
Parque automotor y calidad del aire
La comisión también recibió al presidente del Consejo Directivo de la Asociación Automotriz del Perú, Karsten Kunckel Saamer, quien presentó un diagnóstico sobre el parque automotor, la calidad del aire y la movilidad urbana.
El representante advirtió sobre los costos económicos y ambientales de la congestión vehicular y el uso de unidades antiguas. Entre sus propuestas figuran fortalecer las inspecciones técnicas, retirar vehículos obsoletos, renovar el transporte público y promover unidades eléctricas y de bajas emisiones.
También planteó reforzar la fiscalización y mejorar la infraestructura vial para avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y menos contaminante.
La agenda de la comisión deja sobre la mesa tres frentes de fiscalización: las evaluaciones gasíferas en ecosistemas protegidos, el control de impactos ambientales vinculados a actividades portuarias y la regulación de obras ejecutadas sin certificación. Las explicaciones de los sectores convocados serán claves para conocer los alcances técnicos y las medidas que correspondan en cada caso.