Congreso impulsa apoyo laboral a mujeres víctimas de violencia
El 2 de septiembre de 2025, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, presidida por el legislador Alex Paredes Gonzales (SP), aprobó el dictamen conjunto de los proyectos de ley 09888/2024-CR, 09919/2024-CR y 10194/2024-CR, orientado a promover la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia.
La iniciativa establece que las empresas privadas que participen como proveedoras del Estado en procesos de contrataciones públicas reciban incentivos al contratar mujeres registradas como víctimas, fortaleciendo su autonomía económica y contribuyendo a su bienestar integral.
Este dictamen aplica a todas las entidades públicas comprendidas en la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cubre la contratación de bienes, servicios y obras a nivel nacional.
¿Cómo se acreditará la condición de víctima?
La norma precisa que la condición de víctima de violencia se acreditará a través de la información disponible en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), que forma parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
De esta manera, se busca que ninguna víctima quede desprotegida y que el Estado pueda articular políticas que garanticen igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
Otros acuerdos de la Comisión
Durante la misma sesión, también se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 11057/2024-CR, que declara de interés social y necesidad pública la construcción del Hospital General Nivel IV de Ventanilla – EsSalud. Esta obra permitirá ampliar la cobertura de atención especializada en el distrito de Ventanilla y zonas aledañas.
Asimismo, se acordó archivar el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley 00008/2021-CR, que buscaba derogar el Decreto de Urgencia 038-2020 —norma emitida en el marco de la pandemia de COVID-19— debido a la sustracción de la materia.
Posiciones y sustentaciones
El congresista Víctor Cutipa Ccama (JPP-VP-BM) sustentó su Proyecto de Ley 11183/2024-CR, que plantea declarar día cívico no laborable el 15 de junio de cada año en el distrito de San Antonio (Moquegua).
Por su parte, la congresista Karol Paredes Fonseca (Avanza País) defendió su Proyecto de Ley 12092/2025-CR, orientado a modificar el artículo 7 del Decreto Legislativo 713 para dinamizar la economía peruana.
Finalmente, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, expuso ante la comisión los resultados de las políticas, programas y planes implementados durante su gestión, en el marco de las acciones del Ejecutivo para impulsar el empleo formal y proteger los derechos laborales.
Impacto y retos de la medida
Con esta aprobación, el Congreso busca romper barreras estructurales que enfrentan las mujeres víctimas de violencia al acceder al mercado laboral. Sin embargo, expertos advierten que la implementación efectiva requerirá una coordinación estrecha entre el Estado, las empresas privadas y las entidades de control para evitar abusos o simulaciones en las contrataciones.
La medida no solo tiene un impacto social sino también económico, pues favorece la inserción laboral de mujeres que en muchos casos sostienen hogares monoparentales, al tiempo que contribuye a reducir la desigualdad y combatir la violencia de género desde una perspectiva de autonomía económica.
