El Pleno del Congreso decidió extender hasta el 2026 el trabajo de la comisión especial encargada de evaluar la implementación de infraestructura tecnológica educativa en todo el sistema escolar. Con una votación mayoritaria de 93 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Parlamento aprobó el informe que solicita mantener en funcionamiento este grupo de trabajo hasta el final del Periodo Anual de Sesiones 2025–2026. La medida busca consolidar avances, completar investigaciones pendientes y fortalecer las políticas de conectividad en regiones donde aún persisten grandes desigualdades.
El presidente de la comisión, el congresista Edgar Tello, explicó durante el debate que la ampliación del plazo es crucial para continuar con la recopilación de información técnica, verificar la ejecución de proyectos de banda ancha y evaluar el impacto de las políticas implementadas hasta ahora. Ante esta situación, surge una pregunta clave: ¿por qué es necesario mantener activa esta comisión por un año más? La respuesta, según Tello, tiene que ver con la urgencia de reducir las brechas de acceso digital que afectan a miles de estudiantes.
Pleno respalda continuidad del grupo que impulsa tecnología educativa
El informe aprobado corresponde a la Moción de Orden del Día 13129/2024, que plantea que la comisión especial continúe operando hasta el cierre del siguiente periodo legislativo. Esta decisión permitirá que el grupo avance en su misión de analizar el estado actual de la conectividad educativa y plantear soluciones sostenibles.
En su intervención, Tello remarcó que el país necesita una visión clara y de largo plazo para implementar infraestructura tecnológica en todos los niveles del sistema educativo. “Esta continuidad es necesaria para terminar el trabajo pendiente y fortalecer, con responsabilidad y visión social, las políticas que buscan cerrar la brecha de conectividad educativa en nuestro país”, enfatizó.
La aprobación del Pleno respalda la importancia estratégica del grupo, especialmente en un contexto donde miles de colegios aún no cuentan con acceso adecuado a internet, equipos informáticos o herramientas digitales. Esta situación plantea otra pregunta central: ¿puede el Perú avanzar hacia una educación digital sin asegurar primero la infraestructura mínima?
Agenda prioritaria: diagnósticos regionales y evaluación de proyectos
El grupo de trabajo tiene previsto desarrollar una agenda amplia durante los próximos meses. Uno de los objetivos principales será recopilar información ministerial y regional sobre la implementación de proyectos de conectividad y realizar sesiones descentralizadas en regiones como Tacna, Lambayeque, Piura y Callao, además de otras zonas donde se requieren diagnósticos actualizados.
Estas visitas permitirán conocer directamente las dificultades que enfrentan los gobiernos regionales, las escuelas y los docentes. Asimismo, el grupo evaluará el cumplimiento de los proyectos de banda ancha regional, considerados fundamentales para expandir la conectividad hacia zonas rurales.
Ante este panorama, surge la pregunta: ¿qué papel juega la información regional en el diseño de políticas públicas educativas? Para los miembros de la comisión, entender las realidades locales es indispensable para plantear normas que respondan a necesidades concretas y no a estimaciones generales.
Además, la comisión buscará formular propuestas normativas que aseguren la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, un aspecto que requiere articulación con los ministerios de Educación, Transportes y Comunicaciones, así como con los gobiernos subnacionales.
Retos y expectativas: cerrar brechas educativas hacia 2026
La ampliación del funcionamiento de este grupo de trabajo no solo permitirá profundizar en el análisis técnico, sino también consolidar alianzas de cooperación público-privada e internacional para promover la innovación digital. Estas alianzas resultan esenciales para impulsar proyectos que mejoren la conectividad en zonas rurales, comunidades de preferente interés social y áreas donde la brecha tecnológica limita el acceso a una educación de calidad.
A la vez, el Congreso espera que esta continuidad permita elaborar normas más flexibles que faciliten la ejecución de proyectos de telecomunicaciones y reduzcan la burocracia que suele retrasar la implementación de infraestructura.
El desafío es grande. En varias regiones del país, los colegios aún dependen de conexiones inestables, equipos obsoletos o inexistentes y falta de capacitación técnica para docentes. Por ello, la comisión continuará evaluando las condiciones reales de acceso digital, planteando soluciones y realizando seguimiento a proyectos que, en algunos casos, llevan años sin concretarse.
La pregunta que queda abierta es: ¿será suficiente esta ampliación hasta el 2026 para cerrar las brechas tecnológicas que afectan a millones de estudiantes? Si bien la medida es un avance, especialistas advierten que se requiere un compromiso coordinado entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales y el sector privado para asegurar resultados concretos y duraderos.
La decisión adoptada por el Pleno confirma que el tema de la conectividad educativa sigue siendo una prioridad nacional. Con este respaldo, el Congreso busca garantizar que el país avance hacia un modelo educativo moderno, inclusivo y con acceso equitativo a las herramientas digitales que exige el presente.