Ecuador atraviesa su período más violento en la historia reciente, con un alarmante registro de más de 4.500 homicidios en los primeros seis meses del año. Esta cruda realidad emerge de un reciente informe de la ONG International Crisis Group (ICG), titulado “¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado”, que pone en tela de juicio la efectividad de las medidas de excepción implementadas por el gobierno de Daniel Noboa. A pesar de las operaciones militares y policiales, consideradas el pilar de la estrategia de seguridad, el estudio advierte que estas solo han logrado un “éxito fugaz”.
La situación se agrava tras una breve tregua. Aunque a principios de 2024 se observó una reducción del 17% en los homicidios intencionales, según datos oficiales, esta mejora fue rápidamente revertida por una nueva y devastadora ola de violencia. La costa del Pacífico se ha convertido en el epicentro de esta crisis, concentrando el 70% de los asesinatos en provincias como Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro, donde reside más de la mitad de la población del país. Estas regiones son ahora campos de batalla para pandillas y redes de narcotráfico.
La rofunda reconfiguración del crimen organizado
El estudio de ICG, fruto de más de cien entrevistas con funcionarios, expertos, exintegrantes de bandas y residentes de las zonas afectadas, desvela una profunda transformación en el panorama del crimen organizado ecuatoriano. Ecuador ha pasado de ser un mero corredor de tránsito a una plataforma clave para la exportación de cocaína. Factores como sus estratégicos puertos marítimos, la dolarización que facilita el lavado de dinero y una institucionalidad débil han contribuido a este cambio drástico.
La fractura del equilibrio criminal se remonta a 2020, con el asesinato de “Rasquiña”, el líder de Los Choneros. Este evento desencadenó una guerra entre facciones rivales. En este escenario, Los Lobos expandieron sus operaciones a siete provincias y consolidaron peligrosos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, mientras que Los Choneros mantienen nexos con el Cártel de Sinaloa. La presencia de mafias balcánicas, particularmente redes albanesas, complica aún más el panorama, utilizando el comercio bananero como fachada para el envío masivo de cocaína hacia Europa. Los decomisos récord en España y Bélgica, algunos superando las 13 toneladas por cargamento, confirman la magnitud de este tráfico ilícito que parte desde los puertos ecuatorianos.
El ámbito penitenciario es otro foco crítico de la violencia. Desde 2021, más de 500 personas han sido asesinadas en masacres carcelarias, la mayoría ocurridas en Guayaquil. La Penitenciaría del Litoral, por ejemplo, registró 119 muertes solo en septiembre de 2021, marcando el peor episodio de violencia carcelaria en el país. La situación es tan grave que, desde 2024, al menos 27 funcionarios penitenciarios, incluyendo tres directores, han sido asesinados, evidenciando que el control interno de las prisiones sigue firmemente en manos de las bandas criminales.
El reporte también expone un sistema de extorsiones sistemáticas dentro de las cárceles. Borrar un historial de mala conducta puede costar USD 400, y una boleta de excarcelación se puede obtener por hasta USD 1.000. Un guardia penitenciario describió su trabajo como “un ejercicio suicida”, ante la falta de equipos de protección y la amenaza constante de las mafias.
Desafíos institucionales
La investigación de Crisis Group subraya una preocupante captura institucional que fomenta la impunidad. El documento detalla sobornos en la justicia, vínculos entre redes criminales y políticos locales, y una tasa de impunidad en delitos violentos que supera el 90%. Además, el informe alerta sobre los riesgos de corrupción dentro de las propias Fuerzas Armadas, a medida que asumen funciones de seguridad interna, lo que podría socavar aún más la confianza pública y la efectividad de las instituciones.
Las conclusiones de ICG son contundentes: la militarización ha proyectado poder, pero no ha logrado restablecer el control efectivo del Estado. Los despliegues armados reducen temporalmente la violencia, pero su retiro inevitablemente provoca rebrotes. “Mientras Ecuador siga siendo un imán para el crimen organizado, los mensajes de fuerza serán ignorados”, advierte el informe, destacando la necesidad de ir más allá de las soluciones de mano dura.
Ante este panorama, Crisis Group recomienda una estrategia integral que combine la coerción con una presencia estatal sostenida. Esta estrategia incluye fortalecer la policía comunitaria, reformar las cárceles, cerrar las rutas logísticas del narcotráfico y atacar la corrupción en la justicia, los municipios, los puertos y las prisiones. También insta a ordenar la cooperación internacional, de modo que complemente eficazmente la reconstrucción institucional del país.
Ecuador, concluye el documento, se encuentra en una disyuntiva crítica: persistir en una “guerra” que no reduce el crimen o reconstruir la confianza ciudadana desde las bases. Sin una política que restituya el tejido estatal y aborde las causas profundas de la violencia, el país corre el riesgo inminente de perder su lucha por la seguridad pública.