TINGO MARÍA. La situación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana fue el eje central del espacio de discusión denominado “Amazonía intercultural: Hacia un desarrollo que no deje a nadie atrás”, realizado en el marco de la Expoamazónica 2023, edición bicentenario. Los temas abordados incluyeron la protección de sus derechos, la atención de sus necesidades, la identificación de amenazas, así como la presentación de soluciones a las diversas problemáticas y propuestas destinadas a promover el desarrollo sostenible de sus comunidades.
En este encuentro participaron representantes de las organizaciones indígenas nacionales: Nelsith Sangama, segunda vocal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), y Erick Valerio, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (Anecap) y presidente de la Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal Yanesha (Eca Amarcy), ubicada en la región Pasco. Además, contó con la presencia de funcionarios públicos y delegados de ONGs ambientalistas.
Articulación entre las organizaciones indígenas nacionales
En ese contexto, Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente (Minam) y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), resaltó tres puntos fundamentales que surgieron durante las sesiones de dicho foro. El primero se refiere a la articulación entre las tres organizaciones indígenas nacionales: Aidesep, Conap y Anecap, que anteriormente no se había visto. El segundo, la necesidad de hacer un solo frente para combatir las economías ilegales (narcotráfico, la tala y la minería). Y, por último, resaltó los emprendimientos de la economía indígena, es decir, los productos innovadores que se presentaron en la Expoamazónica, “evento que se ha convertido en una vitrina importante para los emprendedores de los pueblos originarios”.
En sus palabras: «Es muy importante que las organizaciones indígenas, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil, así como los sectores privado y financiero trabajen de manera conjunta. Es la única forma de hacerlo. Por otro lado, las economías ilegales son el verdadero enemigo, ya que afectan la posibilidad de las comunidades de tener un desarrollo sostenible, generan pobreza, deforestación y suponen una seria amenaza para los defensores ambientales. Quienes creemos en la sostenibilidad, en el trabajo colaborativo y en la preservación de los bosques en pie, debemos estar en un mismo lado, en contra de las economías ilegales. Además, otro punto a destacar son los emprendimientos de los pueblos indígenas, que han mostrado innovación y calidad», afirmó en una entrevista con Inforegión.
Seguridad jurídica, deuda histórica con los pueblos indígenas
Muñoz, también coordinadora del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y los Bosques (GCF Task Force) en Perú, (coalición de gobiernos subnacionales: estados, provincias y regiones, de diferentes países que trabajan para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático y la conservación de los bosques); señaló que durante su periodo como ministra del Ambiente se emprendió una iniciativa que reunió a representantes del sector Cultura, Agricultura y Riego, gobiernos regionales, la sociedad civil y organizaciones indígenas para determinar qué comunidades carecían de titulación. Después de un proceso de recolección de datos, se logró obtener un número de comunidades pendientes de titulación.
Sin embargo, faltaba definir el procedimiento más adecuado para ejecutar dicho proceso. Actualmente, persiste la necesidad de alcanzar consensos sobre la estrategia a seguir, lo cual requiere una estrecha coordinación entre los diferentes niveles gubernamentales, en particular, entre los gobiernos regionales, que son los encargados de la titulación; el gobierno nacional, responsable de establecer el marco normativo y las políticas públicas; y el sector financiero.
«La seguridad jurídica de los pueblos indígenas debe ser una meta que retomemos en el marco del Bicentenario. Debemos cerrar esa deuda histórica que tenemos. Hoy, hay desafíos que incluyen la ampliación del número de comunidades que faltan ser tituladas o reconocidas, así como cuestiones relacionadas con la migración y de combinaciones de comunidades, debido a la presencia de migrantes. La Amazonía nos plantea retos para los cuales no necesariamente estamos preparados, pero la única forma de afrontarlos es trabajando juntos», declaró.
El ordenamiento jurídico para promover el uso sostenible
Por otra parte, la exministra advirtió que la zonificación forestal está experimentando demoras e indicó que la respuesta no es suspender este proceso, sino acelerar la zonificación como parte del ordenamiento territorial para promover el uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, puso énfasis en la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados a los contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, resaltando la necesidad de evitar la deforestación y promover el acceso al financiamiento, así como un marco legal para fomentar los eco y bio negocios. Para Muñoz, estos temas deben ser discutidos de manera transparente y abierta.
