Una transición energética para Latinoamérica y El Caribe (LAC), debe partir desde la gestión comunitaria, local, de tal manera que se construya un modelo desde la justicia social y ambiental, respetando los derechos y las propuestas de las comunidades e incluyendo impactos y beneficios comunitarios, este es uno de los principales pedidos que hacen líderes indígenas y la sociedad civil en la COP28, realizada en Dubái, lo que se traduce en una transición energética justa comunitaria que contribuya a reducir la dependencia a los combustibles fósiles y ayude a frenar la pérdida de diversidad biológica.
“No es una novedad que cada cierto tiempo el sector petrolero impulsa la promoción de la extracción de hidrocarburos a costa de transgredir diversas normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros. Sin importar que varias de estas áreas cuentan con reconocimientos a nivel mundial como Reservas de Biósfera y sitios de patrimonio natural reconocidos por UNESCO”, señaló Iris Olivera, Líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR.
Agregó que entre los años 2000 a 2019, la Amazonía ha enfrentado 474 derrames petroleros, los cuales han afectado territorios de comunidades indígenas, quienes lejos de recibir soluciones integrales a las consecuencias del impacto ambiental y social de los derrames sólo obtuvieron atenciones temporales e insuficientes.
“Existe una tendencia global a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles que van en contra de sus propuestas de cambio de fuentes de energía. El año pasado el gobierno peruano se ha comprometido a conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas al 2030, en especial aquellas zonas de particular importancia para la biodiversidad, entonces cómo van a respetar este compromiso si continuamos con la promoción de los hidrocarburos”, destacó Olivera.
Por su parte, Elaine Shajian, presidenta de CORPI SL, Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, recalcó que la región Loreto es una de las zonas más afectadas por la industria petrolera debido a los derrames, por lo que pidió al estado peruano una transición energética justa para las comunidades y territorios indígenas.
“Es necesario que el estado peruano piense en cambiar las fuentes de energía por unas más justas con nosotros y nuestros territorios, el planeamiento debe incluir nuestras experiencias culturales, una mirada indígena y debe responder a nuestras necesidades. Por ejemplo, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, hubo derrames de petróleo en territorio indígena, en los ríos, en las cochas y hasta el momento no se ha remediado ningún impacto a raíz de eso atravesamos todos estos problemas”, destacó Elaine.
Asimismo, señaló que hasta la fecha ni el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Energía y Minas los han convocado para conversar sobre fuentes de energía renovable o sobre la planificación energética. “No son estas instituciones las responsables de que los pueblos indígenas en el Perú accedan a la energía alternativa. La planificación debe empezar ahora. Por ello quisiera saber, ¿qué compromisos va a asumir el gobierno peruano sobre este tema? y ¿cómo los va a implementar?, porque como les digo no conozco ningún plan regional o nacional sobre cómo mejorar el acceso a la energía y que nos beneficie, que no contamine, que mejore nuestra calidad de vida”, puntualizó la presidenta de CORPI SL.
Asimismo, Elaine Shajian advirtió que actualmente un sector del Ministerio de Energía y Minas busca el aprovechamiento de hidrocarburos en zonas de alta biodiversidad como lo son las Áreas Naturales Protegidas (ANP), donde también viven los pueblos indígenas. Sin embargo, esta propuesta, que es apoyada por algunos Congresistas de la República, busca expandir los lotes en zonas como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su corazón, el Candamo, el Parque Nacional del Manu y el Santuario Nacional Megantoni, entre otras zonas.
“No solo es hogar de animales y plantas, sino que también ayudan a todos a tener un ambiente sano. Quiero decirles que estas acciones avanzan rápido, pero las reparaciones a los pueblos indígenas impactados por hidrocarburos siempre encuentran trabas. Aún tenemos niños con metales pesados en su sangre, ríos contaminados, no podemos cocinar, bañarnos tranquilamente. Nuestras vidas se han visto impactadas y no es posible que se siga promoviendo el uso de esta energía tan contaminante de manera irresponsable”, sentenció Shajian.
Otra de las demandas de la delegación peruana es que el Gobierno acepte los perjuicios que están causando los hidrocarburos en la Amazonía y que empiece una real transición energética, la cual requiere de institucionalidad y planificación con la ciudadanía en general, de manera que sea democrática, participativa e inclusiva y logre la conexión entre el acceso a la energía, el mejoramiento de los servicios básicos y un consumo eficiente.
En esa línea, Agilio Semperi, jefe de Comaru – Consejo Machiguenga del Río Urubamba, expresó que en la Amazonía del Cusco actualmente existen lotes de explotación de gas. “Son los principales lotes que existen en el Perú y el inicio de explotación de estos proyectos de gas se dieron sin consulta previa a los pueblos indígenas. No se han cumplido los compromisos firmados entre la empresa y el Estado de no continuar con las exploraciones sísmicas. Con los años hemos negociado con las empresas para implementar programas de vigilancia ambiental comunitaria, así como compensación por los territorios según los tiempos de contrato”.
Además dijo que la seguridad alimentaria de los pobladores está en peligro “hemos visto en las comunidades, por ejemplo, que ya no hay la misma cantidad de peces para alimentarnos, el territorio ha cambiado desde la instalación de los pozos, por ello, en lugar de incentivar más explotación de gas, debemos pensar en otra formas de energía”, demandó
Finalmente, los líderes indígenas advirtieron que en la región Madre de Dios existen Áreas Naturales Protegidas que están en peligro si prospera la iniciativa de Perupetro en coordinación con autoridades regionales e incluso congresistas para la extracción de hidrocarburos en esa zona.