Congreso debatirá si aprueba medida que promueve minería ilegal

por Edgar Mandujano
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PERÚ. El Congreso de la República ha incluido en la agenda del Pleno para hoy miércoles 4 y mañana jueves 5 el debate del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621 y 5171. Estas iniciativas buscan establecer nuevas condiciones para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y determinar un plazo de inscripción en dicho padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El propósito detrás de estas propuestas sería impulsar la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

Los proyectos legislativos han sido impulsados, respectivamente, por el expresidente del Congreso José Williams Zapata, de la bancada Avanza País; Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario; Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular; y Guido Bellido, también de Perú Bicentenario. El dictamen favorable, con texto sustitutorio y la posterior acumulación del Proyecto de Ley 5171, fue aprobado por la Comisión de Energía y Minas, durante la legislatura pasada, cuando estaba presidida por Flores Ancachi.

Alarma por nuevo plazo de inscripción en el Reinfo

El abogado especializado en delitos ambientales, César Ipenza Peralta, expresó su preocupación acerca de esta medida que utiliza el Reinfo para facilitar la minería ilegal y disfrazarla de informal. Según manifestó, esto genera impunidad y destrucción del patrimonio de todos los peruanos y peruanas.

En comunicación con Inforegión, Ipenza recalcó que el dictamen que reúne los proyectos de ley mencionados y que será debatido por el Pleno “permitirá reabrir, una vez más, el Reinfo para la incorporación de nuevos mineros”. Esto obligará al Estado a que, eventualmente, los tenga que formalizar, pese a que estos nuevos mineros deberían seguir el proceso ordinario de formalización para poder operar.

«Primero deberían cumplir con la ley, formalizarse, y recién llevar a cabo sus operaciones mineras. Pero al estar inscritos en el Reinfo, pueden operar sin que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) los puedan procesar o sancionar por minería ilegal. Cuando están inscritos en el Reinfo, de acuerdo al marco legal, están exentos de responsabilidad penal, porque se encuentran en proceso de formalización», precisó.

Ampliaciones del proceso de formalización

Ipenza recordó que el proceso de formalización y promoción de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido prorrogado en cuatro oportunidades, en los últimos 20 años, desde que se inició este procedimiento, en 2002. La última extensión fue aprobada en diciembre de 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, prolongando el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

En tanto, el Reinfo se creó bajo la administración de Pedro Pablo Kucyznski, en diciembre del 2016. Esta acción no solo resultó en un plazo adicional para el proceso, hasta el año 2019, sino que también simplificó los requisitos, limitándolos únicamente a la presentación de un número de RUC y una declaración jurada de compromisos. Posteriormente, en 2019, cuando Martín Vizcarra era presidente, el Congreso aprobó una reestructuración en el proceso de inscripción en el Reinfo, lo que nuevamente alargó el plazo para la formalización, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2021.

Prórrogas favorecen a mineros ilegales

El abogado advirtió que “al igual que las demás ampliaciones, que se dieron en gestiones anteriores, de aprobarse el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2172, 2519, 3621 y 5171, se estaría extendiendo la informalidad y facilitando el camino a los mineros ilegales disfrazados de informales, que mueven mucho dinero en el país”.

«La idea, en su momento, era que el Estado brinde las condiciones e incentive a que los mineros se formalicen, pero si cada cierto tiempo van a seguir abriendo el Reinfo para que ingrese más gente nueva, los gobiernos regionales —que son los responsables de formalizar— nunca van a poder cumplir ese objetivo, porque continúan recibiendo más mineros. Y, por otro lado, esta situación incrementa el impacto sobre el ambiente y la sociedad, ya que son empresas que, en la práctica, no tienen ningún instrumento ambiental ni mecanismos de control, pero siguen operando y destruyendo el patrimonio de todos nosotros», afirmó ipenza.

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