La ofensiva fiscal contra las organizaciones criminales que operan en Lima Norte registró un nuevo avance. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra diez presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, una red que, según el Ministerio Público, habría operado de manera sistemática en varios distritos de la capital bajo el liderazgo de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’.
La medida fue obtenida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4), dirigida por el fiscal provincial César Changa Echevarría, como resultado de una investigación que permitió identificar la estructura, los roles y las actividades ilícitas atribuidas a la organización.
Los investigados alcanzados por la medida
Los imputados que cumplirán prisión preventiva por el plazo de tres años son Lucero Castillo, Luis Gamarra, Gerardo Romero, Jesús Jave, Arlet Silvestre, María Quintana, Yesenia Coba, Danitza Huaya, Raúl Flores y Pedro Chujutali. De acuerdo con la Fiscalía, se trataría de mandos principales y mandos medios dentro de la presunta red criminal.
Asimismo, el Poder Judicial dispuso comparecencia con restricciones para otros cuatro investigados: Anthony Landa, Leonela Silva, Mónica Alejandro y Nohely Mejía, quienes también estarían vinculados a la organización, aunque con un grado de participación distinto según los elementos recogidos durante la investigación.
Delitos investigados y zonas de influencia
La tesis fiscal sostiene que ‘Los Injertos del Cono Norte’ se dedicaban a delitos de extorsión, secuestro y homicidio, con presencia en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. Estas zonas habrían sido sometidas a un esquema de control territorial mediante amenazas, cobros ilegales y actos de violencia.
Las investigaciones sitúan el inicio de las actividades de la organización en el año 2022, periodo durante el cual habría consolidado una red de cobro de cupos que afectó a comerciantes formales y a trabajadores del transporte urbano, especialmente mototaxis y combis.
El esquema de cobros ilegales
Según la Fiscalía, el cobro de cupos a negocios formales incluía una cuota inicial que iba desde S/ 10 000 hasta S/ 80 000, dependiendo del tipo de negocio y su ubicación. A estos pagos se sumaban aportes periódicos exigidos bajo amenazas, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades comerciales.
En el sector transporte, los montos exigidos oscilaban entre uno y cinco soles diarios por unidad, además de pagos adicionales de S/ 50 o S/ 100 por cada vehículo. Estos cobros constituían una fuente constante de ingresos para la organización, según las indagaciones fiscales.
Modalidades de pago y envío de dinero al exterior
Las investigaciones también revelaron que los pagos se realizaban a través de diversas modalidades, incluyendo entregas directas en efectivo, transferencias bancarias y aplicativos digitales, lo que permitía diversificar los mecanismos de recaudación y dificultar el rastreo inmediato del dinero.
Parte de los fondos obtenidos de manera ilícita era canalizada mediante el uso de ‘presta cuentas’ y posteriormente enviada al exterior a través de remesas de dinero hacia Bolivia, Brasil y Paraguay, un elemento que refuerza la hipótesis de una organización con capacidad para mover recursos fuera del país.
Sustento fiscal y mensaje institucional
El fiscal provincial César Changa Echevarría sustentó el pedido de prisión preventiva argumentando la existencia de graves y fundados elementos de convicción, así como el riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación. Estos factores fueron considerados por el Poder Judicial al momento de dictar la medida.
Por su parte, el fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la lucha frontal contra el crimen organizado y la desarticulación de redes que afectan la seguridad ciudadana y la economía local.
Presión judicial contra la extorsión
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente preocupación por los delitos de extorsión en Lima Metropolitana, particularmente en zonas del norte de la capital. Para las autoridades, la imposición de medidas severas como la prisión preventiva busca no solo asegurar el desarrollo de la investigación, sino también enviar un mensaje disuasivo frente a organizaciones criminales que operan con altos niveles de violencia.
Mientras el caso continúa en etapa de investigación preparatoria, la Fiscalía no descarta nuevas diligencias para identificar a otros posibles integrantes y profundizar en el circuito financiero de la organización.