El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público tomar una decisión definitiva sobre el caso “Los Niños”, exigiendo que se archive o se eleve una denuncia constitucional al Congreso, tras cumplirse los 36 meses de plazo legal de investigación preliminar.
La decisión judicial responde a un pedido de control de plazos solicitado por las defensas de los congresistas Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi, quienes forman parte de los 13 parlamentarios investigados por su presunta participación en una red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo.
¿Qué es el caso “Los Niños” y por qué involucra a 13 congresistas?
El caso “Los Niños” es una de las investigaciones más mediáticas sobre corrupción política en los últimos años. El nombre proviene de una denuncia pública que señala a un grupo de congresistas como aliados incondicionales del entonces presidente Pedro Castillo, quienes habrían negociado votos a cambio de beneficios ilícitos.
Se les acusa de integrar una supuesta red criminal encargada de copar cargos públicos estratégicos, principalmente en entidades como el Ministerio de la Producción, Migraciones y otras dependencias del Ejecutivo, mediante nombramientos irregulares, protección a funcionarios afines y direccionamiento de contratos.
La Fiscalía tiene dos caminos: archivar o denunciar
Tras tres años de investigación, el Poder Judicial dejó claro que el caso no puede permanecer indefinidamente sin una definición. Por ello, la Fiscalía de la Nación deberá archivar la investigación o elevar una denuncia constitucional ante el Congreso, lo cual permitiría —si se levanta el fuero— iniciar un proceso penal contra los implicados.
El abogado penalista Julio Espinoza explicó que el plazo máximo venció en mayo de 2025, y desde entonces el proceso está en un limbo legal. “La Fiscalía ya está actuando fuera de plazo. Es momento de definir si tiene pruebas suficientes para acusar o si simplemente debe archivar”, advirtió.
Fiscalía bajo críticas por retrasos
El manejo del caso por parte del Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado. Una de las principales críticas es que recién en mayo de 2025 se solicitó el levantamiento del secreto bancario de los congresistas implicados, cuando este debió ser uno de los primeros pasos para detectar movimientos financieros irregulares.
“Es inconcebible que después de tres años recién se solicite algo tan elemental como el levantamiento bancario”, expresó el abogado Julio Rodríguez, quien además calificó la actuación de la Fiscalía como reflejo de “una institución en crisis”.
Consecuencias legales si se archiva el caso
Si el Ministerio Público decide archivar el caso “Los Niños”, los 13 congresistas investigados quedarían exentos de toda responsabilidad penal por los hechos imputados, salvo que surjan nuevas pruebas en el futuro. Esta posibilidad ha generado preocupación entre analistas y ciudadanos, ya que se percibe como un retroceso en la lucha contra la corrupción en el Congreso.
Entre los nombres más mencionados figuran Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores, Juan Mori, Darwin Espinoza e Ilich López, entre otros. Todos ellos han sido señalados como parte del “brazo político” de la red liderada por Castillo.
¿Qué pasa si se presenta una denuncia constitucional?
En caso de que la Fiscalía opte por presentar una denuncia constitucional, el procedimiento debe seguir el siguiente camino:
- Evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
- Aprobación por la Comisión Permanente.
- Votación en el Pleno del Congreso para decidir el levantamiento del fuero parlamentario.
Sin este levantamiento, no se puede iniciar un juicio penal. Incluso si los parlamentarios dejan el cargo, mantienen su inmunidad por cinco años adicionales, lo que podría seguir entorpeciendo una eventual sanción penal.
El Congreso, pieza clave en el desenlace del caso
El futuro del caso no solo depende de la Fiscalía, sino también del Congreso de la República, que deberá decidir si permite avanzar con una acusación formal. En el pasado, el Parlamento ha mostrado resistencias a levantar el fuero a sus propios miembros, lo que genera dudas sobre la viabilidad real de un eventual proceso penal.
Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre reformas en el sistema de inmunidad parlamentaria, una figura que muchos consideran ha sido utilizada para blindar a congresistas investigados.
