El proceso judicial contra el expresidente Martín Vizcarra entra en una nueva etapa. El Poder Judicial declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por su defensa legal contra la sentencia que lo condenó, en primera instancia, a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio. La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, mediante la Resolución N.° 35, emitida el 16 de diciembre de 2025.
Con esta resolución, el caso pasará a conocimiento de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá evaluar los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y de las demás partes procesales, para determinar si corresponde confirmar, modificar o anular el fallo emitido en noviembre último. La admisión del recurso no implica la revocatoria automática de la condena, pero sí habilita la revisión integral de la sentencia.
Vizcarra fue sentenciado el pasado 26 de noviembre tras ser hallado culpable de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), en el marco de dos proyectos de inversión pública: Lomas de Ilo y la construcción del hospital de Moquegua.
La condena por cohecho y los proyectos cuestionados
La sentencia de primera instancia estableció que Martín Vizcarra recibió pagos ilícitos a cambio de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación y ejecución de obras públicas. Según el fallo, estos actos configuraron el delito de cohecho pasivo propio, al aprovechar su cargo para obtener beneficios económicos indebidos.
En el caso del proyecto Lomas de Ilo, la acusación fiscal sostuvo que el entonces gobernador regional recibió dinero para direccionar la adjudicación de la obra. De manera similar, en el proyecto del hospital de Moquegua, se acreditó —según el tribunal— la existencia de pagos irregulares vinculados a decisiones administrativas adoptadas durante su gestión.
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso a Vizcarra una inhabilitación por nueve años para ejercer cargos públicos, el pago de 730 días multa, equivalentes a más de 94 mil soles, y una reparación civil solidaria de 2 millones 336 mil soles, junto con empresas declaradas responsables civiles.
¿Qué plantea la apelación de la defensa?
El recurso de apelación presentado por la defensa del exmandatario busca, en primer término, que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria. De manera subordinada, solicita que el fallo sea revocado y que Vizcarra sea absuelto de los cargos imputados.
En ambos escenarios, la defensa ha planteado la excarcelación inmediata del expresidente, quien permanece recluido desde noviembre de 2025 cumpliendo la condena impuesta en primera instancia. Los abogados sostienen que la sentencia presenta errores de valoración probatoria y vulneraciones al debido proceso, aspectos que deberán ser analizados por la sala superior.
La admisión del recurso confirma que el juzgado consideró que la apelación cumple con los requisitos formales establecidos por la normativa procesal penal, lo que habilita su revisión en segunda instancia.
Otras apelaciones admitidas en el mismo proceso
La Resolución N.° 35 no solo se pronunció sobre el recurso de Martín Vizcarra. En el mismo documento, el Poder Judicial declaró procedente la apelación presentada por la empresa Astaldi S.P.A. – Sucursal del Perú, que cuestiona su condición de tercero civilmente responsable dentro del proceso.
Asimismo, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht apeló el monto fijado como reparación civil, solicitando que este extremo de la sentencia sea revisado y eventualmente incrementado, al considerar que no refleja adecuadamente el daño causado al Estado.
En contraste, el recurso presentado por la empresa Incot Contratistas Generales S.A.C. fue declarado no presentado, debido a que no cumplió con la fundamentación exigida por la ley procesal, lo que impidió su admisión.
El rol de la Sala Penal de Apelaciones
Con la admisión de los recursos, el expediente será elevado a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que deberá programar la audiencia correspondiente. En esta etapa, los magistrados revisarán tanto los aspectos jurídicos como la valoración de las pruebas realizadas en el juicio oral.
La sala podrá confirmar íntegramente la sentencia, modificarla —por ejemplo, ajustando la pena o el monto de la reparación civil— o anularla, en caso considere que existen vicios sustanciales que afecten la validez del fallo.
Este proceso de revisión es clave, no solo para la situación legal del exmandatario, sino también por su impacto político e institucional, dado que Martín Vizcarra fue presidente de la República y continúa siendo una figura relevante en el debate público nacional.
Un caso de alto impacto político y judicial
El caso Vizcarra se ha convertido en uno de los procesos por corrupción más relevantes de los últimos años, al involucrar a un expresidente de la República condenado por hechos cometidos antes de llegar a Palacio de Gobierno. La decisión que adopte la segunda instancia será determinante para definir si la condena queda firme o si se abre la puerta a un nuevo escenario judicial.
Mientras tanto, el exmandatario continúa cumpliendo la pena impuesta, a la espera de que la Sala Penal de Apelaciones evalúe los argumentos de su defensa y del Ministerio Público. El proceso, aún en curso, seguirá marcando la agenda judicial y política del país en los próximos meses.