El Poder Judicial abrió un nuevo capítulo en el caso del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, al admitir a trámite el recurso de apelación con el que el exmandatario intenta anular el juicio oral que enfrenta desde marzo de este año. La decisión, que se conoció este martes, reaviva el debate sobre el futuro legal del expresidente, preso desde diciembre de 2022 y acusado de graves delitos contra el orden constitucional.
La jueza Ana Osorio, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, había rechazado en primera instancia un habeas corpus presentado por la defensa de Castillo, pero al cumplir el recurso con los requisitos de ley, resolvió concederlo “con efecto suspensivo” y remitirlo a la Primera Sala Constitucional de Lima, que deberá convocar una audiencia virtual para evaluar el caso.
¿Qué busca Pedro Castillo con esta apelación?
La estrategia de la defensa de Castillo se centra en anular todo lo actuado en la etapa de juzgamiento y lograr la designación de un nuevo colegiado supremo que asuma el proceso. El exmandatario alega vulneración de su derecho al debido proceso y de ser juzgado por un tribunal imparcial.
El recurso cuestiona específicamente la recusación desestimada contra la jueza suprema Inés Tello Carbajal Chávez, lo que habría permitido, según la defensa, la instalación “ilegal” del juicio oral. Además, argumenta que el expresidente no ha contado con una defensa adecuada, al asignársele un abogado público en ausencia de uno particular.
La posición del Poder Judicial
En su resolución del 25 de agosto, la jueza Ana Osorio determinó que no se acreditó vulneración al derecho a la libertad personal ni al debido proceso, y acusó a la defensa del exmandatario de realizar “acciones sistemáticas para dilatar el juicio”.
El fallo precisa que Castillo tuvo garantizado el derecho a un abogado —aunque fuera público— y tiempo suficiente para definir su estrategia de defensa. Para la magistrada, la negativa del expresidente a contar con defensa pública constituye una estrategia legal destinada a entorpecer el proceso.
Con todo, al elevarse el recurso a la Primera Sala Constitucional de Lima, ahora será esa instancia la que decida si corresponde revisar de fondo el pedido de nulidad o si se mantiene en pie el proceso penal.
La Fiscalía pide 34 años de prisión
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado una pena de 34 años de cárcel e inhabilitación por 3 años y 6 meses contra Pedro Castillo.
Los cargos que enfrenta el exmandatario son rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, delitos que, según el Ministerio Público, se materializaron el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente anunció el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la convocatoria a nuevas elecciones, medidas que fueron catalogadas como un golpe fallido.
Ese mismo día, Castillo fue destituido por el Parlamento y posteriormente detenido cuando se dirigía a la embajada de México en Lima, donde buscaba asilo político.
Un juicio clave para la política peruana
El proceso contra Pedro Castillo no es un caso aislado: representa uno de los juicios más sensibles de la historia reciente del país, pues involucra directamente la estabilidad democrática. La defensa del exmandatario insiste en que se trata de una persecución política, mientras que la Fiscalía sostiene que se busca sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial.
El desenlace de este proceso tendrá repercusiones no solo en el futuro legal de Castillo, sino también en la narrativa política de sectores que lo apoyan y que denuncian un supuesto “golpe parlamentario” en su destitución.
¿Qué viene ahora en el caso?
Con el recurso ya admitido, la Primera Sala Constitucional de Lima deberá fijar fecha para una audiencia virtual en la que escuchará los argumentos de la defensa de Pedro Castillo y la posición de la Fiscalía. Tras ello, emitirá un fallo que podría confirmar la validez del juicio oral o, en el escenario más extremo, ordenar la nulidad de todo lo actuado.
De confirmarse el proceso, Castillo continuará siendo juzgado por el intento de golpe, enfrentando la posibilidad de pasar más de tres décadas en prisión. Pero si se da paso a la nulidad, el caso podría extenderse aún más, con un nuevo tribunal a cargo.