El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, descartó públicamente que el Perú acepte recibir en sus cárceles a extraditados o procesados extranjeros, luego de que Estados Unidos propusiera a varios países la posibilidad de albergar inmigrantes detenidos bajo cargos penales. Alcántara calificó esta iniciativa como “contraproducente” y aseguró que no se ajustaba a la normativa vigente en materia penal.
“Es contraproducente que esperemos recibir extraditados o delincuentes de cualquier otra nacionalidad en nuestro país. Esa posibilidad no existe debido a que no se ajusta a la normativa vigente”, declaró el ministro, dejando claro que las prisiones peruanas no recibirán procesados ajenos a su sistema judicial, salvo en casos específicamente previstos en convenios internacionales.
El titular del Ministerio de Justicia explicó que los acuerdos bilaterales de extradición en Perú permiten, exclusivamente, el traslado de personas —nacionales o extranjeras— que deben ser juzgadas por delitos cometidos en territorio peruano, o que deben cumplir condenas impuestas por el Poder Judicial del Perú. Cualquier otro escenario, aclaró, vulneraría el principio de jurisdicción nacional sobre los procesos penales.
Esta postura fue respaldada por distintos sectores del ámbito legal, que advirtieron sobre las posibles implicancias humanitarias, logísticas y legales que tendría una medida de este tipo. El pronunciamiento oficial del ministro Alcántara cerró así cualquier posibilidad de que el Perú se convierta en receptor de personas procesadas penalmente en el extranjero, reafirmando su política soberana en materia de justicia y derechos humanos.