La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, calificó de “desatino” la reciente designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, decisión tomada por la presidenta el pasado sábado. Para la parlamentaria, este nombramiento genera un conflicto innecesario entre el Ejecutivo y el Congreso, aunque aclaró que no existe una prohibición legal para volver a elegir a un ministro previamente censurado.
“Ha sido un tema que debió evitarse porque confronta al Ejecutivo con el Congreso. El Congreso censuró a esa persona, entonces debió evitarse. No es que el Ejecutivo o la presidenta tengan algo que perder en este momento”, señaló Juárez en el programa Prueba de Fuego de RPP.
¿Qué motivó la crítica de Patricia Juárez?
La parlamentaria expresó que, a título personal, considera la designación de Santiváñez como una afrenta innecesaria, aunque recalcó que la presidenta no ha cometido ninguna infracción legal al tomar esta decisión. La legisladora adelantó que la bancada fujimorista se reunirá próximamente para emitir una posición conjunta sobre el nombramiento del nuevo ministro de Justicia.
Juárez también mencionó que, pese a su desaprobación, Santiváñez podría tener un propósito que no es del todo visible. Según ella, el ministro ha expresado su intención de combatir la “mafia caviar” y a quienes realizan acciones en contra del Estado, lo que podría ser parte de su estrategia al frente del Ministerio de Justicia.
Moción en el Congreso para que el premier explique la designación
La controversia en torno al nombramiento de Santiváñez no se limita a la opinión de la bancada fujimorista. El congresista Edward Málaga presentó una moción en el Congreso para invitar al primer ministro, Eduardo Arana, a que explique los motivos detrás de la designación de Santiváñez.
De acuerdo con la moción, este nombramiento podría interferir con la función constitucional de control político del Parlamento. Además, advierte que la elección de Santiváñez podría atentar contra la administración de justicia, al brindar protección mediante el antejuicio político a un funcionario que actualmente enfrenta investigaciones fiscales.
¿Qué antecedentes tiene Juan José Santiváñez?
Santiváñez ya había sido censurado previamente por el Congreso, lo que generó cuestionamientos sobre su idoneidad para regresar al Gabinete. Su designación como ministro de Justicia ha provocado reacciones encontradas: mientras algunos sectores destacan su capacidad de gestión y su experiencia, otros critican que su nombramiento pueda afectar la independencia de las instituciones judiciales y fiscales.
El debate sobre su designación refleja la tensión política actual entre Ejecutivo y Legislativo, en un contexto donde el Congreso busca mantener su facultad de control político y el Gobierno intenta consolidar su Gabinete frente a decisiones estratégicas y críticas públicas.
Posición de Fuerza Popular y próximos pasos
Patricia Juárez señaló que la bancada de Fuerza Popular evaluará la situación en una reunión interna para determinar una posición conjunta respecto al nombramiento. Por el momento, la parlamentaria mantiene su opinión personal de que la designación de Santiváñez ha sido un desatino que podría haberse evitado, pero reconoce que la ley no prohíbe su retorno al Ministerio de Justicia.
Mientras tanto, el Congreso continuará el debate sobre la moción presentada por Málaga, que busca que el premier explique formalmente los criterios detrás del nombramiento y las implicancias legales de elegir a un ministro previamente censurado. La decisión del Legislativo será observada de cerca por diversos sectores políticos, judiciales y ciudadanos.
Implicancias políticas y sociales
El caso Santiváñez pone de relieve la delicada relación entre Ejecutivo y Legislativo en el Perú, así como los desafíos para garantizar la transparencia y la legalidad en el nombramiento de altos funcionarios. La reacción de Patricia Juárez y de la bancada fujimorista demuestra que las designaciones ministeriales pueden generar tensiones significativas, especialmente cuando involucran a figuras previamente censuradas.
Asimismo, la situación ha reabierto el debate sobre la función de control del Congreso y la necesidad de equilibrar la capacidad de gestión del Ejecutivo con la supervisión parlamentaria, con miras a proteger la independencia judicial y la integridad de los procesos fiscales.
