El expresidente Martín Vizcarra Cornejo inició este viernes su estancia en el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial. La medida, ordenada por el juez Jorge Chávez Tamariz, responde a la investigación fiscal por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el caso de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).
La llegada de Vizcarra a este centro penitenciario lo suma a una lista que ya incluye a tres expresidentes: Alejandro Toledo, condenado a 20 años de cárcel por el caso Odebrecht; Ollanta Humala, sentenciado a 15 años por financiamiento ilícito de campaña; y Pedro Castillo, procesado por rebelión.
¿Por qué Vizcarra está en prisión preventiva?
El juez Chávez Tamariz, titular del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, determinó que la comparecencia simple no era suficiente para asegurar la presencia de Vizcarra durante el juicio. Según el magistrado, existía riesgo de obstaculización del proceso y de fuga, pese a que la defensa del exmandatario alegó arraigo familiar y profesional.
La fiscalía sostiene que Vizcarra habría recibido sobornos para otorgar la buena pro de las mencionadas obras a empresas privadas, un esquema que, de probarse, comprometería su permanencia en la vida política. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 15 años de prisión en el juicio oral en curso.
El Barbadillo: cárcel de expresidentes
El establecimiento penitenciario de Barbadillo, originalmente construido para albergar a Alberto Fujimori, se ha convertido en un símbolo de la caída del poder en el Perú. Sus muros ahora resguardan a cuatro exjefes de Estado, todos involucrados en procesos por corrupción o delitos graves.
En el caso de Toledo, su sentencia se centra en los sobornos de Odebrecht para la construcción de la Interoceánica Sur. Humala fue condenado por recibir aportes ilícitos de la misma constructora y de Venezuela. Castillo, en tanto, espera juicio por su frustrado intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
La defensa insiste en apelar
El abogado de Vizcarra lo visitó este viernes y reiteró que apelará la resolución que ordena su prisión preventiva. “Mi patrocinado tiene arraigo familiar, profesional y no representa un riesgo procesal”, insistió.
La defensa asegura que el exmandatario colaborará con la justicia, pero la fiscalía argumenta que, por su condición de exgobernante, podría influir en testigos o manipular pruebas.
¿Qué viene ahora?
En los próximos días, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el régimen y las condiciones de reclusión para Vizcarra. Mientras tanto, el juicio oral seguirá su curso, y de confirmarse las imputaciones, la pena podría superar los 15 años de prisión efectiva.
La opinión pública sigue dividida: para algunos, el encarcelamiento es un golpe necesario contra la impunidad; para otros, se trata de una medida desproporcionada que erosiona la confianza en el sistema judicial.
