La reciente resolución de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional no solo favorece a Zenovia Griselda Herrera Vásquez, quien había apelado una decisión de primera instancia. En los hechos, el criterio adoptado por el tribunal alcanza a todos los investigados en el caso “Los Waykis en la Sombra”, entre ellos Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
La Sala declaró fundada la excepción de improcedencia de acción respecto al delito de organización criminal, en aplicación del principio de favorabilidad penal y la reciente Ley N.º 32138, aprobada por el Congreso en octubre de 2024.
La clave: la nueva ley penal más favorable
El tribunal recuerda que “por favorabilidad corresponde aplicar la Ley N.º 32138”, que modificó el artículo 317 del Código Penal reduciendo los alcances del tipo de organización criminal, al exigir que los delitos fin tengan una pena igual o mayor de cinco años en su extremo mínimo y no solo en el máximo.
En palabras de la resolución:
“Cuando se examina la concurrencia del elemento teleológico para la configuración del delito de organización criminal, no basta que el delito fin cumpla el baremo punitivo exigido con un criterio cuantitativo, sino también debe verificarse que dicho delito cumpla las exigencias descriptivas mínimas para considerarse parte de un proyecto delictivo de ejecución continua o permanente.”
El tribunal cita además precedentes de la Corte Suprema —entre ellos la Casación 453-2022/Nacional y la Casación 1766-2024/Huancavelica— que consolidan la aplicación de la nueva norma más benigna. Esa interpretación deja sin sustento las imputaciones por organización criminal formuladas por el Ministerio Público bajo la norma anterior (Ley 32108), al no cumplirse ya los elementos típicos exigidos.
El impacto directo en Nicanor Boluarte
El Ministerio Público sostenía que Nicanor Boluarte lideraba una organización criminal con “poder de facto emanado de la investidura presidencial” y una red que controlaba designaciones de prefectos y subprefectos en diversas regiones, así como influencias en Provías y el IPD.
Sin embargo, la Sala considera que, con la nueva ley, la imputación de organización criminal no puede sostenerse. En consecuencia, el proceso seguirá solo por otros delitos como tráfico de influencias y cohecho, pero no por organización criminal.
La decisión implica, en la práctica, el archivo de la imputación más grave contra el hermano de la presidenta y otros investigados. El efecto cascada beneficia a los más de veinte implicados, entre ellos exfuncionarios del Ministerio del Interior y operadores regionales.
La ley del Congreso que cambió el tablero
La Ley 32138, aprobada en octubre de 2024, fue promovida por el Congreso bajo el argumento de precisar los alcances del delito de organización criminal, pero su efecto real ha sido reducir las posibilidades de procesar estructuras políticas o redes de poder dentro del Estado.
La resolución lo reconoce expresamente al señalar que, por principio de favorabilidad, el cambio normativo debe aplicarse de inmediato a todos los procesos en curso.
El resultado: una interpretación que debilibra la capacidad del sistema penal especializado para sancionar redes de corrupción de cuello blanco, y que ya está siendo usada como precedente en otras causas en trámite.
Un respiro judicial en medio del asedio político
El fallo llega en el momento más delicado para el entorno presidencial. Mientras Dina Boluarte enfrenta cinco mociones de vacancia y la pérdida de apoyo congresal, su hermano obtiene una victoria judicial que lo libera de la acusación más severa.
La resolución —firmada por la jueza superior Felices Mendoza— subraya la naturaleza técnica de su decisión, pero sus implicancias políticas son ineludibles: el caso “Los Waykis en la Sombra” pierde su eje estructural, y el círculo cercano al poder gana tiempo en medio del colapso político del gobierno.