El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó de forma categórica la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.
La medida, planteada en el marco de una investigación fiscal por presunto cohecho, ha generado una ola de preocupación en el gremio periodístico, que considera que esta solicitud constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y al ejercicio independiente del periodismo en el país.
En un comunicado oficial, el CPP calificó la medida como “desproporcionada” y señaló que el derecho al secreto de las comunicaciones es una garantía constitucional indispensable para proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas y salvaguardar el rol fiscalizador de la prensa en una sociedad democrática.
Investigación por presunto cohecho y contexto del caso
La solicitud de la Procuraduría surge en el marco de una investigación que involucra a los dos periodistas y a la fiscal Marita Barreto, excoordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Según las declaraciones de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Barreto habría pedido a Cruz y Prado publicar información negativa contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación.
Los periodistas mencionados han negado rotundamente cualquier participación en los hechos señalados. Rodrigo Cruz y César Prado aseguraron que sus conversaciones con diversas fuentes forman parte de la labor periodística legítima y que no han aceptado ningún tipo de influencia externa para direccionar contenido informativo.
El CPP enfatizó que, incluso si se identificara una falta ética en la cobertura de ciertos temas, esto no justifica una medida tan invasiva como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la cual debería ser excepcional, proporcional y debidamente fundamentada.
Libertad de prensa bajo presión judicial
En su pronunciamiento, el Consejo de la Prensa Peruana advirtió sobre una tendencia preocupante: el uso creciente de procesos judiciales para intimidar o presionar a periodistas.
“Involucrar a comunicadores en investigaciones penales sin fundamentos sólidos puede convertirse en una forma de hostigamiento institucional y amenaza el ejercicio independiente del periodismo”, señaló el organismo.
El CPP recordó que el secreto de las comunicaciones está protegido por la Constitución y que vulnerarlo sin una justificación sólida compromete principios fundamentales de la libertad de información. Además, advirtió que aceptar estas prácticas podría sentar un precedente grave que debilitaría el rol de la prensa como fiscalizadora del poder.
Riesgo de un precedente peligroso
Para el gremio periodístico, la solicitud de la Procuraduría no solo pone en riesgo el trabajo de Cruz y Prado, sino que abre la puerta a que otros comunicadores puedan ser investigados y vigilados de manera indiscriminada.
El Consejo de la Prensa alertó que medidas como esta pueden derivar en autocensura, limitar la pluralidad informativa y reducir la capacidad de la prensa para investigar hechos de interés público, como casos de corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos.
La situación cobra especial relevancia en un contexto donde varios gremios periodísticos han denunciado un aumento en las presiones políticas y judiciales contra periodistas, lo que podría reflejar una creciente hostilidad hacia la prensa independiente.
El rol de las fuentes periodísticas en democracia
Uno de los puntos más destacados del pronunciamiento del CPP es la defensa de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Según el organismo, levantar el secreto de las comunicaciones sin una causa plenamente justificada pone en riesgo la protección de quienes brindan información y podría disuadir a futuros denunciantes de hechos de interés público.
El Consejo recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la protección de las fuentes es un pilar para el ejercicio libre del periodismo y, por tanto, para la garantía del derecho ciudadano a estar informado.
Asimismo, resaltó que investigar hechos de corrupción y comunicar con diversas fuentes forma parte de la esencia de la labor periodística, por lo que la criminalización de estas prácticas representa un riesgo grave para la democracia.
Llamado a las autoridades y próximos pasos
El Consejo de la Prensa Peruana hizo un llamado directo a las autoridades judiciales y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que respeten los marcos legales vigentes y garanticen la independencia del periodismo.
Solicitaron que cualquier medida que involucre comunicaciones privadas cumpla con los requisitos legales más estrictos y que solo se aplique cuando exista prueba contundente de la comisión de un delito.
Finalmente, el gremio periodístico reafirmó su compromiso de defender la libertad de prensa, la confidencialidad de las fuentes y el derecho ciudadano a estar informado. Además, adelantaron que, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales para salvaguardar los principios democráticos y el ejercicio del periodismo independiente en el país.
