El escenario judicial de Keiko Fujimori dio un giro trascendental luego de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aplicara la Ley 32130, norma aprobada recientemente por el Congreso de la República. Con ello, la excandidata presidencial quedó bajo comparecencia simple, dejando atrás las restricciones que la acompañaban desde hace tres años en el marco del caso Cócteles.
El juez Wilson Verátegui Gálvez precisó que la nueva legislación establece límites temporales a las medidas de coerción, lo que permitió levantar las reglas de conducta. Ahora, la lideresa de Fuerza Popular solo deberá acudir a las citaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, sin mayores condicionamientos.
La caución económica se mantiene
Aunque la decisión favorece a Fujimori en términos de movilidad y participación política, el magistrado rechazó devolver la caución de S/70.000. Esta suma seguirá como garantía patrimonial y solo podría ser devuelta si la procesada resulta absuelta o si el proceso se archiva antes del juicio oral. El juez remarcó que se trata de una medida real y no de coerción personal.
El papel del Tribunal Constitucional
El futuro de Keiko Fujimori todavía depende del Tribunal Constitucional (TC). Los siete magistrados deliberan sobre dos aspectos clave: si durante las campañas de 2010-2011 y 2015-2016 existía ya el delito de lavado de activos aplicado a aportes de campaña, y si había obligación de verificar la procedencia de los fondos.
Fuentes vinculadas al proceso señalan que la mayoría de votos sería favorable a la lideresa de Fuerza Popular, aunque persisten dudas sobre si la sentencia debería circunscribirse al caso Cócteles o tener un alcance más amplio que beneficie a otros investigados del escándalo Lava Jato.
Un escenario político abierto
La decisión judicial refuerza la posición de Keiko Fujimori en medio de la coyuntura política, donde el Congreso aparece como actor clave tras impulsar una norma que cambia el marco de medidas restrictivas. Sin embargo, el desenlace final lo marcará el Tribunal Constitucional, cuya sentencia podría cerrar de manera definitiva una de las investigaciones más emblemáticas de los últimos años en el país.