La Junta de Portavoces del Congreso definió este lunes los temas que se debatirán en las sesiones plenarias programadas para el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, una agenda cargada de dictámenes que tocan asuntos tributarios, laborales, universitarios, de infraestructura vial y reformas institucionales. La reunión estuvo presidida por el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, quien condujo la sesión en la que cada portavoz solicitó la priorización de iniciativas específicas.
La lista incluye proyectos de ley que podrían tener impacto directo en mypes, docentes universitarios, personal CAS, trabajadores administrativos de educación, víctimas de derrames de hidrocarburos, y sectores claves como transporte e infraestructura. Además, se confirmó que la sesión del miércoles —dedicada al debate final de la Denuncia Constitucional 351 contra Betssy Chávez— será semipresencial, dada la relevancia política del caso.
A continuación, el detalle de la agenda parlamentaria y las preguntas claves que abre este debate legislativo.
Proyectos tributarios y laborales: ¿qué cambios plantea el Congreso?
Uno de los principales puntos priorizados es el Proyecto de Ley 6611, que propone establecer una tasa especial del IGV, conocida como “recorte tributario”, para micro y pequeñas empresas dedicadas a peluquerías y tratamientos de belleza. Según los portavoces, esta medida permitiría aliviar la carga impositiva de uno de los sectores más golpeados por la informalidad.
También entra a debate el PL 1368, que impulsa una política para fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia en el sector privado.
Aquí surge una pregunta clave:
¿Podrá esta medida incentivar a las empresas a contratar a mujeres vulnerables o requerirá mecanismos adicionales que garanticen su implementación real?
Ambas propuestas apuntan a dinamizar sectores con alta informalidad y a introducir incentivos sociales en la contratación laboral.
Universidades y carreras docentes: cambios en la Ley Universitaria
Otro punto relevante es el PL 6700, que plantea incorporar al jefe de práctica en la carrera docente universitaria, otorgándole la posibilidad de acceder a un nombramiento excepcional. Además, busca regular la promoción de los docentes universitarios dentro del sistema de educación superior.
La discusión se da mientras persisten reclamos de universidades públicas y privadas por las condiciones laborales del personal académico.
La pregunta clave aquí es:
¿El reconocimiento legal del jefe de práctica mejorará la calidad educativa o generará tensiones en presupuestos universitarios ya ajustados?
La agenda universitaria se completa con el PL 11339, que modifica la Ley que creó el Registro Único Consolidado de personas afectadas por derrames de hidrocarburos, ampliando su ámbito de aplicación.
Infraestructura: proyectos para carreteras y corredor económico Chancay–Loreto–Brasil
En materia de infraestructura, la Junta priorizó el PL 9900, que declara de necesidad pública e interés nacional el asfaltado, ampliación y construcción de corredores troncales y carreteras en Apurímac, Arequipa, Lima, La Libertad, Loreto, San Martín y Ucayali.
Asimismo, se debatirá el PL 11186, que propone la creación del corredor económico Chancay–Loreto–Brasil, una iniciativa que busca conectar el megapuerto de Chancay con el oriente peruano y mercados brasileños.
La pregunta clave en esta parte es evidente:
¿Podrán estas declaraciones de interés traducirse en ejecución real, considerando las limitaciones presupuestales del Estado?
Nombramientos en salud y mejoras salariales en Sunarp
También se incluyó el PL 10884, que autoriza el nombramiento excepcional de profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales del sector salud contratados bajo el régimen CAS antes de la pandemia, y que hoy permanecen como CAS indeterminados.
Por su parte, el PL 12630 plantea una nueva escala remunerativa para el personal de Sunarp, bajo el régimen laboral 728.
Se trata de proyectos que responden a demandas históricas de trabajadores estatales.
Asignación para personal administrativo de educación y reforma de beneficencias
La agenda también abarca temas vinculados a la educación. El PL 6678 propone otorgar una asignación temporal al personal administrativo de la educación básica y técnico-productiva, según la ubicación de la institución educativa.
Se suma el PL 3322, que modifica el Decreto Legislativo 1411 sobre la estructura y funciones de las sociedades de beneficencia, con el fin de garantizar una gestión más eficiente y fortalecer su institucionalidad.
Investigación multipartidaria a EsSalud
La Junta de Portavoces también priorizó la moción 20425, que propone crear una comisión investigadora multipartidaria para auditar EsSalud durante 120 días hábiles. La comisión evaluará presuntas irregularidades, deficiencias de gestión y responsabilidades políticas, civiles o penales, en defensa del derecho a la salud de más de 12 millones de asegurados.
Aquí la pregunta clave es:
¿Esta investigación permitirá reformas estructurales en EsSalud o quedará como un informe más en el archivo parlamentario?
Sesión semipresencial por caso Betssy Chávez
Antes de finalizar, la Junta aprobó que la sesión plenaria del miércoles 19 sea semipresencial. En esta fecha se debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 351, que recomienda acusar a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El informe propone imponerle 10 años de inhabilitación para ejercer función pública, por presunta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución. La denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos.