El presidente de la República, José Jerí, lideró un megaoperativo nacional de fiscalización migratoria como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad y el crimen organizado en el país. La intervención, ejecutada de manera simultánea en Lima, Arequipa y Trujillo, permitió intervenir a más de 1 500 ciudadanos extranjeros, en una acción sin precedentes por su magnitud y coordinación interinstitucional.
El despliegue se realizó la noche del jueves, pocas horas después de que el jefe de Estado retornara al país tras participar en el Encuentro Presidencial y la XVI Reunión del Gabinete Binacional Perú–Ecuador. A su llegada a Lima, el mandatario se trasladó directamente al Complejo Policial Comandante Juan E. Benites Luna, ubicado en el distrito del Rímac, desde donde supervisó en tiempo real las acciones ejecutadas por la Policía Nacional, Migraciones y otras entidades del Estado.
Control migratorio masivo en la capital
Durante la supervisión en el complejo policial del Rímac, el presidente Jerí verificó la intervención de más de 1 500 ciudadanos extranjeros solo en Lima. De ese total, alrededor de 700 personas fueron sometidas a controles a cargo de Migraciones, que incluyeron verificación documental, registro biométrico y toma de huellas digitales, con el objetivo de confirmar su situación migratoria y detectar posibles requisitorias judiciales.
Como resultado de este proceso, 99 personas registraron requisitorias vigentes, por lo que se activaron de inmediato los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes. En estos casos, las autoridades iniciaron los trámites para la expulsión del territorio nacional, conforme a la normativa vigente.
El operativo permitió, además, identificar a un número significativo de extranjeros que no contaban con documentación válida o cuya permanencia en el país no estaba debidamente regularizada, lo que refuerza las alertas del Ejecutivo sobre la relación entre irregularidad migratoria y fenómenos delictivos.
Estado de emergencia como sustento legal
Las autoridades precisaron que el estado de emergencia vigente en diversas zonas del país constituye el marco legal que habilita este tipo de intervenciones. Bajo este régimen excepcional, las fuerzas del orden están facultadas para exigir identificación, verificar la situación migratoria e intervenir a personas que no acrediten documentación válida, prerrogativas que no se aplican en condiciones ordinarias.
Desde el Ejecutivo se subrayó que estas medidas no vulneran derechos fundamentales, sino que responden a la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana en un contexto marcado por el aumento de delitos como extorsión, sicariato, trata de personas y robos agravados, muchos de ellos asociados a redes criminales transnacionales.
Presencia del Gabinete y mensaje político
El presidente Jerí estuvo acompañado por el jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; y el ministro de la Producción, César Quispe, quienes coincidieron en señalar que el operativo forma parte de una política de Estado orientada a recuperar el control del territorio y restablecer el principio de autoridad.
El titular del Interior destacó que la fiscalización migratoria es una herramienta clave para desarticular estructuras criminales que se aprovechan de la informalidad y de la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros para operar en el país. En esa línea, sostuvo que el Gobierno continuará ejecutando acciones similares en otras regiones.
Alertas por falta de actividad laboral
Uno de los aspectos que llamó la atención durante el operativo fue que muchos de los intervenidos no pudieron acreditar actividad laboral conocida ni medios lícitos de subsistencia. Según las autoridades, esta situación no solo constituye una irregularidad administrativa, sino que representa una señal de alerta en un contexto de alta criminalidad.
“El Estado tiene la obligación de saber quiénes están en el país, a qué se dedican y bajo qué condiciones permanecen en el territorio nacional”, señalaron voceros del Ejecutivo, al advertir que la falta de control migratorio facilita la expansión de economías ilegales y actividades delictivas.
Operativo simultáneo en regiones
Además de Lima, el megaoperativo se ejecutó de manera coordinada en Arequipa y Trujillo, ciudades que en los últimos meses han registrado un incremento de delitos vinculados al crimen organizado. En estas regiones, la Policía Nacional y Migraciones realizaron intervenciones focalizadas en zonas de alta incidencia delictiva, terminales terrestres y puntos estratégicos previamente identificados mediante labores de inteligencia.
El Gobierno calificó esta acción como una intervención inédita en materia de fiscalización migratoria, tanto por su alcance geográfico como por el número de entidades involucradas y personas intervenidas en una sola jornada.
Seguridad ciudadana como eje del Gobierno
Desde el inicio de su gestión, el presidente José Jerí ha reiterado que la seguridad ciudadana es una de las prioridades de su administración. En ese marco, el Ejecutivo ha intensificado operativos policiales, controles migratorios y acciones coordinadas con el Ministerio Público para enfrentar a organizaciones criminales.
El megaoperativo de fiscalización migratoria se enmarca en esta estrategia integral, que busca no solo reaccionar frente al delito, sino prevenir su expansión mediante el control del ingreso y permanencia de personas en el país.
Próximas acciones y continuidad
Fuentes del Ejecutivo adelantaron que este tipo de intervenciones no será un hecho aislado. Por el contrario, se prevé la ejecución de nuevos operativos a nivel nacional, con énfasis en regiones fronterizas y ciudades con alta incidencia delictiva.
El Gobierno insistió en que la lucha contra la criminalidad requiere medidas firmes, sostenidas y coordinadas entre todas las instituciones del Estado, así como el respaldo de la ciudadanía.
Con este megaoperativo, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: el control migratorio, la seguridad ciudadana y el respeto a la ley son pilares centrales de su política para enfrentar la delincuencia y recuperar la tranquilidad en las calles.