El reciente anuncio del Ministerio de Justicia (Minjus) sobre la aplicación del polígrafo en el sistema penitenciario abrió un debate inevitable: ¿por qué el jefe del INPE no será evaluado, pese a estar involucrado en una denuncia por presunto cobro de US$ 80.000 para favorecer la liberación de un sentenciado por secuestro? La medida, presentada como un plan de “fortalecimiento institucional”, excluye precisamente al funcionario en el centro del escándalo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la verdadera intención del Gobierno y el alcance real del programa de control de confianza.
Según información del propio sector, la llamada “primera etapa” del proceso está enfocada únicamente en servidores en contacto directo con internos de penales como Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia. El jefe del INPE, Iván Emilio Paredes Yataco, no será sometido al polígrafo en este tramo, aun cuando afronta una de las acusaciones más graves reveladas en el sistema penitenciario en los últimos años.
Un caso que golpea la credibilidad del INPE
La denuncia que involucra a Paredes Yataco se basa en un audio donde se le atribuye solicitar US$ 80.000 a la esposa de un interno, Marcos Quispe Riveros, un ex policía sentenciado por secuestro. Según el registro, la suma habría servido para tramitar beneficios penitenciarios.
¿Qué se sabe del audio que vincula al jefe del INPE?
En su defensa, Paredes sostiene que la voz no es la suya y que, además, los hechos corresponderían al año 2018, cuando ejercía como abogado particular. Indicó estar dispuesto a someterse a una pericia fonética, aunque la Fiscalía Anticorrupción continúa con las diligencias para confirmar o descartar su participación.
Mientras tanto, la sola existencia del audio ha debilitado la confianza en la actual gestión penitenciaria. La denuncia se suma a una serie de casos previos de corrupción interna, beneficios indebidos y filtración de información desde penales de alta peligrosidad.
Polígrafo sí, pero solo para personal operativo
El Minjus, a través de su vocero Alberto Vega, detalló que la aplicación del polígrafo está dirigida exclusivamente a quienes mantienen “interacción directa con internos”. Es decir, agentes penitenciarios, personal de seguridad y operadores dentro de los establecimientos.
¿Por qué el Gobierno excluyó a los altos funcionarios?
Vega sostuvo que esta etapa es inicial y que podría ampliarse en el futuro. Sin embargo, no existe una confirmación formal de que la segunda fase incluirá a funcionarios jerárquicos, ni al titular del INPE.
“Culminada esta fase en Lurigancho, Castro Castro y Sarita Colonia, uno no descarta que esto pueda tomar otro giro”, declaró. Pero esa posibilidad no ha convencido a especialistas, quienes advierten que el problema principal se encuentra precisamente en los niveles superiores, donde se toman decisiones que pueden influir en traslados, beneficios penitenciarios o designaciones clave.
Críticas al alcance limitado del control de confianza
Diversos analistas han señalado que un plan de control de integridad que excluye a los altos mandos corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo simbólico, más orientado a mostrar acción que a realizar cambios estructurales.
¿Puede un control de confianza parcial combatir la corrupción?
La pregunta clave para los especialistas es si un polígrafo aplicado solo al escalón más bajo del sistema penitenciario puede realmente mejorar la transparencia del sector. Para muchos, la respuesta es no.
El caso Paredes, además, expuso fallas sistémicas en el proceso de selección y supervisión de altos cargos, que no necesariamente son sometidos a controles estrictos.
Incluso al interior del sector Justicia se reconoce que la corrupción penitenciaria no se limita a la interacción entre agentes y reclusos: involucra también decisiones administrativas que han permitido privilegios, cambios de penal irregulares y negociaciones ilícitas con bandas criminales.
Una crisis que vuelve a golpear al sistema penitenciario
El escándalo estalla en un contexto en el que el INPE ya enfrentaba cuestionamientos por recientes operativos en penales y denuncias sobre estructuras criminales que siguen operando desde los pabellones. En ese escenario, la ausencia del jefe del INPE en el polígrafo es interpretada como un mensaje ambiguo del Gobierno en su lucha contra la corrupción.
Del mismo modo, la Fiscalía deberá determinar si el audio constituye un hecho delictivo o un intento de extorsión por parte de terceros. Mientras tanto, la omisión del Minjus refuerza la percepción de que el sistema penitenciario carece de controles internos sólidos y que las medidas anunciadas no alcanzan a quienes toman decisiones estratégicas.
Un control de confianza que no convence
El Gobierno ha defendido el polígrafo como una herramienta para reforzar la integridad. Sin embargo, al excluir al funcionario más cuestionado del momento, la iniciativa pierde fuerza y abre interrogantes sobre el verdadero compromiso con la transparencia.
La pregunta central se mantiene sin respuesta:
¿Puede haber una reforma penitenciaria creíble si los altos funcionarios no están sometidos al mismo escrutinio que el personal operativo?
Por ahora, el caso Paredes sigue en manos de la Fiscalía, y el país espera que una investigación seria y completa aclare si se trató de un abuso de poder o de un montaje. Lo que parece evidente es que el polígrafo, aplicado a medias, no resolverá la crisis de confianza que afecta al INPE.