El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó descargos al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, tras detectar el uso de una videocámara institucional del Parlamento durante un mitin en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial por Fuerza Popular. El hecho, ocurrido el pasado 30 de octubre en Trujillo, podría constituir una infracción al principio de neutralidad estatal en periodo electoral.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución N.º 97-2025-JEE-PCYO/JNE, tras dos informes de fiscalización que reportaron el uso indebido del equipo durante el acto proselitista. Según la autoridad electoral, el material pertenece al inventario del Congreso de la República y habría sido empleado para registrar una actividad partidaria, lo que vulnera las normas que impiden el uso de bienes públicos con fines políticos.
Posible infracción al principio de neutralidad
El informe N.º 38-2025 del JEE precisa que el presidente del Congreso tiene la obligación de garantizar que los bienes institucionales —como cámaras y equipos audiovisuales— sean utilizados exclusivamente para fines legislativos o institucionales.
El documento advierte que el hecho “configura una infracción administrativa conforme al artículo 32.1.2 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad”, al haberse favorecido de manera indirecta a una organización política.
En esa línea, el texto señala que Fernando Rospigliosi habría incurrido en una “omisión impropia” al no cautelar el uso correcto de los bienes públicos, ni deslindar responsabilidades funcionales dentro de la institución. Esto abre la posibilidad de una sanción administrativa por vulneración del deber de vigilancia y control en el uso de recursos estatales.
Responsabilidad del oficial mayor
El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, también fue incluido en la investigación al ser la máxima autoridad del Servicio Parlamentario y responsable directo de la administración del patrimonio institucional. El informe del JEE sostiene que no se activaron mecanismos de control ni trazabilidad sobre el uso del equipo audiovisual, lo que permitió su empleo en un evento partidario de Fuerza Popular.
“La conducta del Oficial Mayor se adecua al tipo infractor por omisión impropia, al no haber activado mecanismos de control y prevención sobre el uso de bienes públicos bajo su competencia”, se lee en el documento.
El informe agrega que la renuncia del servidor involucrado —quien habría trasladado el equipo hasta Trujillo— no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada del uso indebido de la cámara institucional.
Qué dijo Fuerza Popular tras la denuncia
Tras difundirse las imágenes del mitin, donde se observa una cámara con el rótulo “Congreso de la República – Registro Secuencial 25459, Inventario Físico General 2024”, la congresista Patricia Juárez se pronunció señalando que el hecho “es lamentable” y que el Parlamento ya emitió un comunicado deslindando responsabilidades.
“Es lamentable lo que ha ocurrido. El Congreso de manera inmediata ha señalado que fue una iniciativa individual. No se me ocurriría que alguno de los jefes de esta persona le hubiera dado la orden, porque sería un despropósito”, manifestó Juárez en declaraciones a RPP.
Según la parlamentaria, el funcionario que utilizó el equipo presentó su carta de renuncia el 1 de noviembre, y deberá aclarar si actuó por cuenta propia o siguiendo órdenes superiores. El Congreso, por su parte, reiteró que no autoriza el uso de sus recursos en actos partidarios.
Procedimiento y plazos del JEE
El JEE Pacasmayo dispuso que tanto Rospigliosi como Forno habiliten una casilla electrónica para futuras comunicaciones oficiales y presenten sus descargos en un plazo máximo de un día calendario desde la notificación de la resolución.
Una vez recibidos los descargos, la autoridad electoral evaluará si corresponde iniciar un procedimiento sancionador por vulneración del principio de neutralidad electoral, considerado una falta grave dentro del proceso de Elecciones Generales 2026.
De confirmarse la infracción, ambos funcionarios podrían enfrentar sanciones administrativas y remisión del caso al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para una posible investigación complementaria.
Neutralidad estatal bajo la lupa
El caso se suma a otros incidentes recientes en los que autoridades públicas han sido cuestionadas por presunto uso de recursos estatales en contextos políticos. El JNE ha reiterado que el principio de neutralidad “es una obligación constitucional y legal que alcanza a todas las instituciones del Estado”, especialmente durante periodos electorales.
Analistas políticos señalan que este tipo de episodios erosionan la confianza ciudadana en el Congreso y refuerzan los cuestionamientos sobre la independencia institucional. “La neutralidad es un pilar del proceso electoral. Cuando una entidad pública interviene —aunque sea indirectamente— en actos partidarios, se afecta el equilibrio democrático”, advirtió un exfuncionario del sistema electoral consultado por Caretas.
Mientras tanto, el Congreso no ha emitido nuevas declaraciones sobre el caso, y se espera que el JEE Pacasmayo determine en los próximos días si las explicaciones presentadas por sus máximas autoridades son suficientes o si corresponde una sanción ejemplar.