¿Qué cambió en la normativa del INPE?
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha dado un paso sin precedentes al modificar la normativa sobre la clasificación de internos procesados y sentenciados, estableciendo que los expresidentes de la República sean ubicados en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ubicado en Lima.
Mediante la Resolución Presidencial No 264-2025-INPE/P, se añade el numeral 9.11 al artículo 1 del punto 9 de la norma de clasificación, donde se indica que, independientemente del régimen penitenciario y puntaje de clasificación, la Junta Técnica de Clasificación deberá asignar a los expresidentes a Barbadillo por razones de seguridad.
Esta medida es inédita en la historia institucional del INPE, pues por primera vez normaliza el internamiento especial de exmandatarios en un solo penal.
¿Quién es el primer expresidente afectado por esta norma?
En aplicación de esta nueva disposición, el exmandatario Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo para cumplir los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.
Vizcarra enfrenta cargos por los casos ‘Lomas de Ilo’ y el ‘Hospital Regional de Moquegua’, investigaciones derivadas de presuntos sobornos y actos de corrupción vinculados a proyectos públicos cuando fue gobernador regional de Moquegua.
¿Qué antecedentes tiene el caso de Martín Vizcarra?
El proceso contra Vizcarra se originó en marzo de 2021, cuando aspirantes a colaboradores eficaces declararon ante la Fiscalía sobre supuestos sobornos que empresas relacionadas al caso ‘Club de la Construcción’ entregaron para adjudicarse los proyectos de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y la construcción del hospital regional.
Según la Fiscalía, el exgobernador habría recibido alrededor de 2,3 millones de soles para favorecer a las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa en la obtención de estos contratos públicos.
¿Por qué Barbadillo y qué implica esta ubicación?
El penal de Barbadillo es una prisión de alta seguridad en Lima que, desde ahora, se convierte en el lugar donde se alojarán los expresidentes procesados o sentenciados.
El INPE justifica esta ubicación bajo el argumento de “razones de seguridad”, pues exmandatarios representan un perfil particular dentro del sistema penitenciario, que requiere medidas especiales para garantizar su integridad física y el orden en el establecimiento.
Esta disposición es vista como un precedente en la gestión penitenciaria y en la política de justicia del país, estableciendo un protocolo específico para figuras de alta relevancia pública.
¿Qué implica para el sistema penitenciario y la justicia?
La modificación normativa responde a la necesidad de un trato diferenciado para expresidentes dentro del sistema penitenciario, que incluye aspectos de seguridad, logística y manejo de internos con alto perfil político.
Además, marca una línea clara en la política de lucha contra la corrupción y la transparencia, enviando un mensaje de que ningún funcionario, incluso expresidentes, está por encima de la ley.
Con Martín Vizcarra como primer caso, se abre un nuevo capítulo en la forma cómo se maneja la reclusión de exmandatarios en Perú.
¿Cuál es la reacción política y social?
La medida ha generado reacciones divididas. Algunos sectores destacan el carácter histórico y la importancia de garantizar la seguridad tanto de los expresidentes como del resto de internos. Otros cuestionan si esta segregación es justa o si responde a presiones políticas.
Por su parte, el INPE insiste en que la medida es técnica y está orientada a mantener el orden y seguridad en los penales.
