La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó este jueves una diligencia de incautación contra cuatro inmuebles valorizados en 613 mil dólares, registrados a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas del exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
¿Por qué fueron incautadas las propiedades?
La acción del Ministerio Público responde a un mandato judicial que ordena el decomiso de los bienes por estar presuntamente vinculados al caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción de América Latina. Según la hipótesis fiscal, las propiedades habrían sido adquiridas con dinero de procedencia ilícita, relacionado con el sistema de sobornos implementado por la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en Perú.
¿Quiénes son las personas afectadas?
Las propiedades estaban registradas a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas de Jorge Barata, quien fuera superintendente de Odebrecht en el Perú y testigo clave en las investigaciones de corrupción. Barata confesó haber dirigido pagos ilícitos a expresidentes, ministros y empresarios peruanos como parte de un esquema de coimas transnacional.
¿Qué implica esta medida?
La incautación, realizada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, tiene como objetivo cortar los vínculos económicos de las redes de corrupción con los activos generados a partir de esos delitos. Esta figura legal permite confiscar bienes sin necesidad de una sentencia penal, siempre que se demuestre su conexión con actividades ilícitas.
La medida sienta un precedente en la lucha contra la impunidad patrimonial, ya que apunta no solo a los autores directos de los delitos, sino también a su entorno familiar y empresarial.
¿Cuál es el siguiente paso?
Los inmuebles incautados pasarán a administración del Estado peruano mientras se tramita el proceso judicial de extinción de dominio. De confirmarse su origen ilícito, serán confiscados de forma definitiva.
Esta acción se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos años para recuperar activos vinculados a la red de corrupción de Odebrecht, que ha dejado una huella profunda en el sistema político y económico del Perú.
