El presidente José Jerí anunció una de las reformas más radicales de su gestión: la extinción del modelo actual del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La declaración, realizada durante una entrevista televisada, marca un giro decisivo en la estrategia del Ejecutivo frente al deterioro del sistema carcelario, dominado por mafias, corrupción interna y fallas operativas de larga data. La iniciativa será tramitada mediante las facultades legislativas solicitadas al Congreso, lo que abre un nuevo frente político e institucional.
La proyección del Gobierno se inscribe en un escenario regional donde la reorganización penitenciaria se ha convertido en un tema urgente, a la par del fortalecimiento del control estatal en penales y la lucha contra organizaciones criminales que operan desde adentro. En el Perú, el diagnóstico oficial coincide con advertencias previas: “alto grado de control” de mafias sobre pabellones, colapso tecnológico y agentes infiltrados. Ante ello, Jerí asegura que el país necesita un nuevo sistema penitenciario con filosofía operativa distinta.
¿Por qué el Gobierno plantea eliminar el INPE?
El jefe de Estado sostuvo que el INPE “va a desaparecer” tal como se conoce hoy, dando paso a una institución reconstruida desde cero. “El INPE, tal como lo hemos conocido, inicia el proceso de cambio a raíz de las facultades que le hemos pedido al Congreso para reorganizarlo”, señaló Jerí, justificando que el concepto actual quedó desbordado por la criminalidad y requiere una reingeniería integral.
Entre las preguntas clave que marca la discusión están:
- ¿Puede el Estado recuperar el control total de las cárceles con la estructura actual del INPE?
- ¿Es necesaria una institución con disciplina semicastrense?
- ¿Qué modelo reemplazaría al organismo que por décadas administró los penales?
Las declaraciones del mandatario se alinean con advertencias formuladas días antes por el primer ministro Ernesto Álvarez, quien reconoció que las cárceles enfrentan una infiltración crítica: organizaciones criminales con “alto grado de control”, logística propia y canales de comunicación internos que sobrevivieron a múltiples intervenciones.
Reforma de raíz: cambio de autoridades y filosofía operativa
Una de las claves de la propuesta gubernamental es la modificación del concepto institucional y la formación de agentes penitenciarios. Según Jerí, el sistema requiere una estructura con disciplina reforzada, protocolos rígidos y una orientación semicastrense que evite la penetración de mafias.
El propio primer ministro Álvarez había adelantado que la reingeniería implicaría “cambio de autoridades y cambio de la filosofía misma de la institución”, no solo una modificación administrativa. Esta visión apunta a un modelo que concentre mayor control, supervisión directa y trazabilidad operativa.
Para Jerí, esta transformación responde a un diagnóstico severo: la corrupción interna afecta desde el ingreso de objetos prohibidos hasta el control efectivo de los pabellones. Sin embargo, reconoció que dentro del INPE también existen funcionarios comprometidos. Como ejemplo, narró el caso de un agente que le informó sobre la inoperatividad de los equipos de escaneo en los penales. “Si esa persona no estuviera comprometida con hacer bien su trabajo, no se hubiera expuesto”, afirmó el mandatario.
Crisis penitenciaria: ¿qué tan grave es el panorama?
Las cárceles peruanas arrastran problemas estructurales desde hace décadas, pero el propio Gobierno ha reconocido un deterioro acelerado en los últimos años. La infiltración criminal —sobre todo de bandas vinculadas a extorsión, sicariato y narcotráfico— se ha convertido en un factor central de la inseguridad ciudadana.
El Ejecutivo argumenta que la reforma busca cortar estos circuitos. Pero la pregunta clave es: ¿puede un solo cambio institucional desarticular el poder de las mafias dentro de los penales?
Los reportes más recientes muestran que las tecnologías de control funcionan de manera irregular; los sistemas de escaneo, vigilancia y bloqueo de comunicaciones presentan fallas que los propios trabajadores denunciaron, como lo reveló Jerí en la entrevista.
Además, persisten estructuras de corrupción que permiten comunicaciones clandestinas y operativos externos coordinados desde adentro. La reorganización, según el Gobierno, pretende cerrar estos espacios mediante un sistema rediseñado que integre control operacional, perfilamiento de agentes y depuración permanente.
Estado de emergencia y seguridad ciudadana: la otra cara del problema
El anuncio sobre el INPE se dio en un contexto donde el país permanece bajo estado de emergencia en regiones clave, especialmente Lima y Callao. Según Jerí, esta medida demuestra que “hay un gobierno que está en las calles” y pretende otorgar mayores facilidades a la Policía y las Fuerzas Armadas para intervenir directamente.
Si bien el Ejecutivo reconoce que los resultados en reducción de delitos “aún no acompañan”, defiende que existe una mayor presencia policial y un incremento en la percepción de control. La pregunta es inevitable: ¿puede sostenerse el estado de emergencia como política permanente mientras se reestructura el sistema penitenciario?
Jerí también apuntó a gestiones previas al afirmar que la debilitación institucional tiene origen en “varios gobiernos anteriores”, dejando claro que el Ejecutivo busca marcar distancia respecto al manejo penitenciario recibido.
Escenario político: Congreso y facultades legislativas
Para concretar la extinción del INPE, el Gobierno depende del Congreso, que deberá otorgar facultades legislativas. En un Parlamento fragmentado y con tensiones permanentes con el Ejecutivo, no se anticipa un trámite simple.
El debate podría girar en torno a tres ejes:
- Viabilidad jurídica de eliminar una institución creada por ley.
- Estructura del nuevo organismo encargado de administrar los penales.
- Impacto presupuestal de una reforma total.
Si las facultades son aprobadas, Jerí tendría vía libre para implementar un nuevo modelo penitenciario en cuestión de meses.
¿Qué podría reemplazar al INPE?
Aunque el Gobierno no ha detallado la nueva estructura, fuentes oficiales mencionan un posible Servicio Nacional Penitenciario con controles centralizados, protocolos de control tecnológico y mando estructurado tipo fuerzas especiales.
Las principales características discutidas incluyen:
- Formación con estándares semicastrenses.
- Supervisión continua mediante sistemas digitales.
- Nueva carrera administrativa penitenciaria.
- Rotación obligatoria de personal en zonas críticas.
- Materiales de vigilancia y tecnología renovada.
Por ahora, la mayor incógnita es: ¿cómo evitar que la nueva estructura repita los vicios del INPE?
El anuncio de Jerí abre la puerta a una de las reformas más profundas del sistema penitenciario en dos décadas. Si el Congreso aprueba las facultades legislativas, el Perú podría entrar en un proceso de cambio institucional sin precedentes, con efectos directos en la seguridad ciudadana, la política criminal y la lucha contra el crimen organizado.
La desaparición del INPE no será solo una decisión administrativa: será una prueba política de gran envergadura para un Gobierno que intenta recuperar el control del Estado en un momento de alta conflictividad criminal.