Este lunes, el Gobierno de Perú instalará un subgrupo técnico-jurídico en Palacio de Gobierno con el objetivo de revisar la exclusión de más de 50 mil mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esta medida se toma luego de una prolongada huelga que duró 16 días, durante la cual se registraron bloqueos en diversas regiones del país.
El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, comunicó que el subgrupo analizará las resoluciones que retiraron a miles de mineros del proceso de formalización. Según Arana, esta revisión no significará un retroceso en la política del gobierno frente a la minería ilegal, sino una respuesta a las inquietudes planteadas por los gremios mineros y la conflictividad social generada a raíz de esta medida.
Composición del subgrupo técnico-jurídico
El subgrupo que será instalado este lunes contará con la participación de representantes de varios gremios mineros, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, un delegado del Ministerio Público, y un representante de la Defensoría del Pueblo. Además, un exviceministro de Gobernanza se sumará a este análisis. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asumirá la secretaría técnica de este grupo de trabajo.
Este equipo tiene como misión principal generar insumos técnicos y legales que permitan la posible elaboración de una nueva legislación que regule la minería informal en el país, sin que ello implique un compromiso con la lucha contra las actividades mineras ilegales.
La importancia de este subgrupo
La minería informal en Perú es un tema complejo y delicado. Más de 100 mil personas están involucradas en este sector, el cual a menudo es señalado por generar impactos negativos en el medio ambiente, la salud pública y las condiciones laborales de los mineros. Sin embargo, muchos de estos trabajadores han solicitado la formalización de su actividad como una forma de obtener mayor seguridad jurídica y mejores condiciones de trabajo.
La medida de excluir a 50 mil mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) generó fuertes reacciones. La decisión fue vista por algunos como un obstáculo para la incorporación de los trabajadores informales a la legalidad, lo que provocó una serie de protestas y bloqueos en varias regiones del país. A través de este subgrupo, el Ejecutivo busca dar respuesta a estas críticas sin perder de vista la necesidad de regularizar las actividades mineras en el país.
Compromiso con la formalización y la lucha contra la minería ilegal
El Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, destacó que la instalación del subgrupo no implica una reversión de las políticas gubernamentales respecto a la minería ilegal. Aclaró que el Ejecutivo sigue comprometido con los esfuerzos de fiscalización y de interdicción de las actividades ilegales, que han afectado negativamente a diversas comunidades en las zonas mineras.
“Este subgrupo tiene como objetivo responder a los cuestionamientos jurídicos planteados por los gremios mineros, pero esto no significa que cederemos en el control de la minería ilegal. El Estado tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente, la salud de las personas y las condiciones laborales de los trabajadores, pero siempre respetando el marco legal”, afirmó Arana.
Un paso hacia una nueva legislación
La revisión de la exclusión de estos mineros informales también podría ser un punto de partida para la creación de una nueva legislación que contemple de manera más precisa la situación de los mineros informales en Perú. En este sentido, el subgrupo técnico-jurídico se encargará de elaborar propuestas que permitan encontrar un equilibrio entre la formalización minera y la lucha contra las prácticas ilegales.
Este lunes, el Gobierno peruano inicia un proceso clave que podría redefinir la política minera en el país. El subgrupo técnico-jurídico encargado de revisar la exclusión de más de 50 mil mineros informales no solo buscará una solución a los reclamos de los gremios mineros, sino también una respuesta que permita avanzar en la lucha contra la minería ilegal sin perder de vista la formalización como herramienta de inclusión y desarrollo para los trabajadores de este sector.
A medida que este subgrupo avance en su labor, se espera que el país tenga más claridad sobre cómo gestionar uno de los sectores más conflictivos y económicamente relevantes de la nación. La formalización minera es, sin duda, un reto que requerirá el trabajo conjunto de las autoridades, los gremios mineros y la ciudadanía, con el fin de encontrar un modelo que favorezca el desarrollo económico y social del país sin comprometer el bienestar de las personas y el medio ambiente.
