El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, anunció que solicitará al Poder Judicial la declaración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como testigo en el juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. La medida busca incorporar lo que se denomina “prueba nueva”, a partir de recientes presentaciones del burgomaestre ante la Fiscalía.
Según Pérez, la participación del actual alcalde es clave porque sus intervenciones ante la Municipalidad de Lima están relacionadas con las concesiones de peajes de Rutas de Lima, tema central en el proceso que investiga los presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS a las campañas de Villarán en 2013 y 2014.
El fiscal explicó que, si la Municipalidad de Lima reconoce un perjuicio vinculado a esas concesiones, resulta pertinente que los jueces escuchen directamente al alcalde. “A partir de lo que está presentando el señor alcalde… tiene que ser escuchado por los jueces que están juzgando el caso de la señora Susana Villarán”, declaró Pérez. La solicitud formal se presentará en las próximas dos semanas, dentro de la etapa de ofrecimiento probatorio del juicio.
El proceso contra Villarán se centra en la presunta recepción de más de 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS, destinados a financiar la campaña contra la revocatoria de 2013 y su intento de reelección en 2014. La exalcaldesa afronta un pedido fiscal de 29 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, colusión y lavado de activos. En el caso también están implicadas 20 personas naturales, nueve personas jurídicas y 16 empresas como terceros civilmente responsables.
El testimonio de López Aliaga podría aportar una visión directa sobre la administración de las concesiones, ayudando a esclarecer los perjuicios ocasionados y la gestión municipal de esos contratos. Para la Fiscalía, esta declaración no solo es útil y pertinente, sino que podría abrir la puerta a identificar responsabilidades adicionales en el proceso de licitación y ejecución de los peajes.
El caso Villarán continúa siendo uno de los más emblemáticos del escándalo Lava Jato en el Perú, y la eventual participación del alcalde de Lima como testigo añade un nuevo capítulo a un proceso judicial que mantiene en vilo a la política capitalina.