El Ministerio Público y el Congreso de la República volvieron a sentarse en la mesa de diálogo en un momento clave para la estabilidad política. El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, junto a su equipo técnico, sostuvo una reunión con el presidente del Parlamento, José Jerí Oré, con el objetivo de establecer criterios que reduzcan la confrontación entre ambas instituciones y, al mismo tiempo, garantizar que las demandas presupuestales del Ministerio Público se atiendan en la próxima discusión fiscal.
El encuentro se produce en un escenario de tensiones recurrentes entre el Poder Legislativo y el sistema de justicia, donde el debate por la independencia institucional, los recursos financieros y el control político han generado enfrentamientos públicos en los últimos años.
¿Qué se acordó en la reunión?
De acuerdo con el Ministerio Público, la cita buscó que el titular del Congreso pueda ejercer sus buenos oficios para incluir en el presupuesto del 2026 los requerimientos urgentes de la institución. Entre ellos destacan la homologación de haberes de los fiscales y la actualización de la escala remunerativa del personal administrativo, dos reclamos que se han convertido en bandera de lucha gremial en los últimos meses.
El Fiscal de la Nación subrayó que estos ajustes salariales son indispensables para fortalecer la independencia del sistema fiscal, evitar la fuga de talento hacia otros sectores mejor remunerados y garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones sin presiones económicas.
Presupuesto y tensiones: ¿qué está en juego?
La discusión por el presupuesto del Ministerio Público no es nueva. En años anteriores, las asignaciones han sido motivo de fricción entre el Ejecutivo, el Congreso y el propio Ministerio Público, que reclama mayores recursos para afrontar la carga procesal, modernizar su infraestructura tecnológica y reforzar la lucha contra el crimen organizado.
En este contexto, el pedido de Gálvez no solo apunta a una cuestión de salarios, sino también a asegurar los recursos necesarios para investigaciones complejas vinculadas a corrupción, narcotráfico y criminalidad organizada, que requieren equipos especializados y personal debidamente capacitado.
¿Podrá el Congreso dar una respuesta positiva a estas exigencias en medio de un panorama económico ajustado? Esa es la interrogante que marcará el debate en las próximas semanas.
Una tregua institucional necesaria
Más allá del aspecto presupuestal, la reunión buscó reducir la confrontación entre el Parlamento y el Ministerio Público. En los últimos años, las acusaciones cruzadas —sobre supuestas injerencias políticas en investigaciones fiscales y sobre excesos en el uso del control parlamentario— han deteriorado la relación entre ambas entidades.
El Fiscal de la Nación resaltó que es indispensable construir un clima de cooperación institucional que permita fortalecer el Estado de derecho y responder a las demandas ciudadanas de justicia. Por su parte, el presidente del Congreso se comprometió a evaluar los requerimientos presentados y promover un debate que tenga en cuenta la urgencia de atender a fiscales y trabajadores administrativos.
El reclamo de los fiscales y trabajadores
La homologación de haberes es una demanda pendiente desde hace más de una década. Actualmente, los fiscales perciben remuneraciones inferiores a las de jueces de similar jerarquía, lo que genera inequidades dentro del sistema de justicia.
A esto se suma la situación del personal administrativo, que enfrenta una escala remunerativa rezagada y condiciones laborales que, según los sindicatos, limitan su productividad. De no atenderse estas demandas, los gremios no descartan nuevas protestas y paralizaciones, lo que podría agravar la crisis institucional.
¿Un nuevo pacto político?
La reunión entre Gálvez y Jerí puede interpretarse como un intento de alcanzar una tregua política en un momento de alta sensibilidad institucional. El Ministerio Público necesita recursos, mientras que el Congreso busca mejorar su imagen ante una ciudadanía crítica de su desempeño.
El trasfondo, sin embargo, va más allá de la gestión de un presupuesto: se trata de cómo reconstruir la confianza entre los poderes del Estado para enfrentar los desafíos de la justicia y la gobernabilidad en el Perú.
Si este diálogo prospera, podría abrirse una ruta hacia un acuerdo político más amplio en torno a la independencia judicial y la necesidad de modernizar el aparato fiscal. Si fracasa, la confrontación volverá a marcar la agenda pública.
El 29 de septiembre, fecha en la que se espera la discusión del presupuesto en el Congreso, será decisiva para conocer si las promesas de apoyo se traducen en hechos concretos. El Ministerio Público, con más de 30 mil trabajadores a nivel nacional, aguarda señales claras de respaldo financiero.
La ciudadanía, en tanto, observa con cautela: ¿se trata de un verdadero compromiso por fortalecer la justicia o de un gesto político pasajero? La respuesta dependerá de las decisiones que adopten el Congreso y el Ejecutivo en las próximas semanas.