Este miércoles 3 de septiembre, a las 2:15 p.m., la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima leerá la sentencia contra Alejandro Toledo Manrique en el emblemático caso Ecoteva, que ha tenido en vilo a la justicia peruana durante más de una década.
Este proceso judicial representa una etapa crucial en la lucha contra la corrupción en Perú, al involucrar a un expresidente y a su entorno familiar en acusaciones graves de lavado de activos.
¿Qué es el caso Ecoteva y por qué es tan importante?
El caso gira en torno a Ecoteva Consulting Group, una empresa constituida en Costa Rica, vinculada directamente a la familia de Alejandro Toledo. Según la Fiscalía, esta compañía habría sido utilizada para canalizar fondos ilícitos provenientes de sobornos entregados por Odebrecht, relacionados con la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.
Estos recursos, que se habrían originado en actividades corruptas, fueron destinados a la adquisición de inmuebles de lujo y al pago de hipotecas en distritos exclusivos de Lima, como Surco, La Molina, y también en Punta Sal, Tumbes.
¿Qué acusa la Fiscalía y qué pena solicita?
La Fiscalía solicita para Alejandro Toledo una condena de 16 años y 8 meses de prisión, además del pago de una reparación civil de 38 millones de soles. Este pedido no solo involucra al expresidente, sino también a su esposa Eliane Karp, quien actualmente está prófuga en Israel, y a su suegra Eva Fernenbug, señalada como propietaria formal de los bienes adquiridos con fondos presuntamente ilícitos.
Además, está imputado Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo y conocido como “Avi”, quien según la Fiscalía participó en la creación de Ecoteva y la gestión de los recursos.
¿Cuáles son las pruebas y la ruta del dinero?
La investigación detalla una compleja ruta del dinero: Odebrecht habría pagado sobornos a cambio de la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur en 2004. Estos fondos llegaron a cuentas del empresario Josef Maiman, quien transfirió el dinero a Ecoteva Consulting Group. Desde allí, los recursos se usaron para comprar una lujosa residencia en Las Casuarinas, Surco, valorada en más de 3 millones de dólares; una oficina y estacionamientos en la Torre Omega de Surco por cerca de 800 mil dólares, y para saldar hipotecas en propiedades de La Molina, Camacho y Punta Sal.
Estas operaciones forman el núcleo de la acusación por lavado de activos agravado.
¿Qué dice la defensa?
Durante el proceso, Avraham Dan On afirmó no conocer el origen ilícito de los fondos y negó cualquier participación en actos de lavado. Por su parte, Alejandro Toledo sostiene su inocencia, alegando que la investigación carece de fundamentos sólidos y que los bienes adquiridos fueron financiados con recursos lícitos. Eliane Karp, por su parte, no ha estado presente en el juicio debido a su condición de prófuga.
¿Qué antecedentes tiene Toledo y qué podría significar esta sentencia?
Cabe recordar que en octubre de 2024, Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión y lavado de activos en otro proceso relacionado con sobornos de Odebrecht en la carretera Interoceánica Sur. Esa condena se relaciona con la recepción de más de 35 millones de dólares en sobornos.
La sentencia que se leerá este miércoles podría sumar una nueva condena que se acumularía a la ya vigente, agravando la situación judicial del exmandatario.
¿Qué impacto tiene este proceso para la justicia peruana?
Este caso es un símbolo de la lucha contra la corrupción en el país, mostrando que incluso altos exfuncionarios y sus redes familiares pueden ser sometidos a la justicia. La decisión judicial no solo definirá el futuro de Alejandro Toledo, sino que también enviará un mensaje clave sobre el combate a la impunidad y el lavado de activos en Perú.
