El pasado miércoles 30 de abril, en una sesión del Consejo de Ministros, se aprobó un proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Esta normativa otorgaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la facultad de acceder al contenido de los celulares incautados en los penales del país. La medida tenía como objetivo reforzar las acciones de inteligencia y la investigación de delitos cometidos dentro del ámbito penitenciario.
Con la aprobación de este proyecto, se buscaba combatir delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro, que se coordinaban desde el interior de las prisiones. El análisis de los teléfonos celulares incautados permitiría identificar y desarticular las redes criminales que operaban dentro de los penales, contribuyendo a una mayor eficiencia en la administración de justicia.
El proyecto introducía modificaciones al Nuevo Código Procesal Penal, otorgando a la PNP la potestad de revisar el contenido de los dispositivos incautados, previa autorización del fiscal en caso de flagrancia. Esto tenía como propósito esclarecer hechos delictivos y fortalecer las investigaciones dentro de las prisiones.
Asimismo, se incorporaba una disposición al Código de Ejecución Penal, estableciendo un protocolo aprobado por las autoridades competentes para la revisión de los celulares, con medidas de confidencialidad para proteger la investigación penal en curso. Esta disposición buscaba asegurar que las acciones realizadas fueran acordes a la legalidad y respetaran los derechos de las personas involucradas.
Este proyecto fue impulsado por el MINJUSDH como parte de la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario y del INPE, dentro del marco de la Política Nacional Penitenciaria al 2030. Además, se alineaba con el Plan de Reestructuración del INPE, con el fin de mejorar la seguridad y el orden en los centros penitenciarios del país.
