El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, rechazó categóricamente cualquier tipo de maltrato o vejación contra reclusos en penales peruanos, luego de que el ex premier Aníbal Torres difundiera un video en el que denuncia agresiones físicas contra Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo.
Chávez, actualmente recluida de manera preventiva desde junio de 2023, estaría siendo víctima de presuntos abusos mientras cumple condena en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Según Torres, su llegada a una reciente audiencia judicial con “el rostro moreteado e hinchado” sería evidencia de violencia física dentro del centro penitenciario.
¿Qué dijo Eduardo Arana sobre la denuncia contra el sistema penitenciario?
Durante una conferencia de prensa, Arana fue claro al expresar el rechazo institucional del Gobierno ante cualquier tipo de agresión en centros de reclusión.
“Independientemente de que haya visto o no el video, el Ejecutivo rechaza cualquier tipo de maltrato a cualquier interno o interna que se encuentre en calidad de procesado o sentenciado en las penitenciarías del país. Si esto fuera cierto, se van a disponer las acciones correctivas que correspondan”, declaró.
El premier también reiteró que las investigaciones internas ya están en curso, y que no se tolerarán actos de violencia ni represalias políticas contra internos.
INPE y Ministerio de Justicia bajo la lupa
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha emitido un pronunciamiento oficial, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo del caso. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por su parte, informó que Chávez fue evaluada médicamente antes de su intento de traslado al penal de Barbadillo. Sin embargo, ella se negó al cambio de establecimiento y decidió iniciar una huelga de hambre en señal de protesta.
Este episodio ha vuelto a encender la alarma sobre las condiciones carcelarias y las garantías mínimas de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario peruano.
Betssy Chávez y su delicada situación judicial
Chávez cumple prisión preventiva como parte del proceso que investiga su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, protagonizado por el expresidente Pedro Castillo. Ambos enfrentan cargos por rebelión y podrían recibir penas de hasta 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
En abril, la ex primera ministra había solicitado su traslado al penal Barbadillo tras denunciar amenazas de chantaje sexual y un supuesto intento de asesinato. Sus denuncias no fueron acogidas favorablemente, lo que incrementó su vulnerabilidad dentro del penal.
El último hecho preocupante fue su ausencia en una audiencia judicial esta semana. Según su abogado defensor, el juicio no puede continuar sin su participación activa.
¿Existe persecución política en las cárceles del Perú?
Esa es la pregunta que ha lanzado Aníbal Torres en su video, donde no solo denuncia los maltratos contra Chávez, sino que también responsabiliza directamente al Ministerio de Justicia y a la presidenta Dina Boluarte.
“Estos maltratos provienen de actos de venganza del Ministerio de Justicia y, por consiguiente, de la señora Dina Boluarte, que es la persona más odiada en el Perú”, señaló el ex primer ministro.
Sus declaraciones han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde diversos usuarios piden una intervención inmediata de organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
Investigación en curso y tensión política
Mientras el país enfrenta una creciente polarización política, la denuncia sobre agresiones en penales podría convertirse en un nuevo escándalo para el Gobierno. La situación de Chávez se suma a una larga lista de cuestionamientos por el manejo de reclusos vinculados al anterior régimen.
El INPE ha iniciado un proceso administrativo disciplinario contra Chávez por su huelga de hambre y por supuestas faltas cometidas dentro del penal. Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria insiste en que estos procedimientos forman parte de una campaña de hostigamiento en su contra.
¿Se respetan los derechos humanos en los penales peruanos?
Este caso no solo pone en el centro del debate a Betssy Chávez, sino que reabre la discusión sobre la calidad del sistema penitenciario y las condiciones de reclusión en el Perú. La promesa de Eduardo Arana de tomar medidas si las denuncias son ciertas podría marcar un punto de inflexión, pero la presión ciudadana y mediática sigue creciendo.
El país espera que las investigaciones sean rápidas, imparciales y que se respeten los derechos fundamentales de todos los internos, sin distinción política.
