¿Qué motivó la denuncia contra Ventura?
Este 23 de agosto de 2025, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, formalizó una denuncia constitucional contra el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura. La acusación radica en un presunto abuso de poder: Ventura habría favorecido a su asesora, Gabriela Soria, promoviendo su ascenso a Asesora II y otorgándole derechos laborales de manera improcedente.
Según el comunicado fiscal, el parlamentario “materializó un interés indebido y directo” al cambiar el cargo y nivel de Soria, quien inicialmente fue contratada como técnica. Además, se le atribuye haberle permitido llegar fuera del horario establecido, otorgarle salidas extralaborales y autorizar el uso del estacionamiento del Congreso. Todo ello como parte de una serie de privilegios injustificados.
¿Qué beneficios recibió la asesora?
El reportaje de Panorama de abril reveló que Soria ingresó en marzo de 2022 con un sueldo de S/ 6 092 como técnica, y fue promovida en agosto de 2023 a Asesora II, percibiendo S/ 10 402 mensuales —casi el doble de su salario anterior.
Los beneficios presuntamente extendidos también incluyen:
- Llegadas fuera del horario laboral.
- Salidas extralaborales justificadas por la cercanía o amistad con el congresista.
- Uso del estacionamiento asignado a Ventura, sin autorización formal.
Estos hechos habrían sido posibles sin respaldo legal o institucional, según lo sostiene la Fiscalía.
¿Cómo respondió Ventura?
Ventura negó tener una relación laboral impropia con Soria, aunque sorprendió al admitir que mantenían una relación de amistad, similar a la que tiene con otros colaboradores. Sobre los horarios irregulares, declaró que cada trabajador es responsable de su puntualidad. Respecto al uso del estacionamiento, minimizó su intervención, afirmando que eso “no está en sus manos”.
Aunque intentó relativizar los hechos, su respuesta deja entrever una confusión entre trato preferencial personal y uso legítimo de funciones públicas.
¿Qué consecuencias podría acarrearle?
La denuncia constitucional implica que el Congreso debe evaluar si el caso amerita una acusación formal mediante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si encuentra suficientes indicios, el pleno podría decidir si procede con sanciones que van desde censura hasta la pérdida de investidura.
Este escenario pone en debate central la diferencia entre una gestión colaborativa y una conducta claramente incompatible con los principios de la función pública.
Un escenario teñido de doble moral política
No es menor que Ventura haya sido quien, en el pasado reciente, promovió denuncias constitucionales contra figuras como Martín Vizcarra bajo la bandera anticorrupción. La paradoja de que quien acusa ahora sea acusado refuerza la percepción de una ética selectiva en el Congreso, particularmente dentro de Fuerza Popular.
Este caso trasciende lo personal: desata un llamado urgente a revisar los protocolos internos del Congreso para evitar usos arbitrarios del poder y favoritismos.
¿Qué sigue en el proceso?
- Recepción y calificación de la denuncia por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
- Posible apertura de proceso investigativo con testigos, pruebas y audiencias.
- Votación en el pleno, con desenlace que puede llevar a sanciones políticas graves.
En paralelo, se afianza la presión ciudadana y mediática para reforzar la ética pública, especialmente en contextos donde los mecanismos de control interno son débiles.
