Un reportaje del programa periodístico Cuarto Poder ha revelado una presunta contratación irregular en el Congreso de la República, que involucra a la congresista Rosio Torres Salinas y su asesora principal, Cecilia Salazar Mattos, ambas del partido Alianza para el Progreso (APP).
Contrato bajo la lupa
La polémica gira en torno a Alexandra Tafur Salazar, hija de Cecilia Salazar. Aunque es odontóloga de profesión, fue contratada en noviembre de 2024 para trabajar en el área de Desarrollo y Bienestar Personal del Congreso, con un salario de S/4 597.
Lo cuestionable es que no cumpliría con el perfil requerido para ese cargo. El puesto que ahora ocupa fue anteriormente desempeñado por su madre, quien pasó a ser asesora de la congresista Torres con un sueldo superior a los S/13,000.
Señales de direccionamiento
El experto en contrataciones públicas Marco Montoya advirtió sobre un posible direccionamiento ilegal en la contratación, recordando que la ley prohíbe emplear a familiares directos en instituciones del Estado. Además, el proceso fue gestionado por el área de Recursos Humanos del Congreso, entonces bajo la jefatura de Haidy Figueroa, también de APP.
Más que una contratación irregular
Este caso se suma a una investigación fiscal más amplia. La congresista y su asesora son investigadas por presuntos recortes de sueldo a trabajadores de su despacho parlamentario. Según la Fiscalía, los fondos habrían sido recolectados por Salazar y transferidos a cuentas de Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la congresista, entre diciembre de 2021 y julio de 2022.
¿Silencio a cambio de favores?
El reportaje también sugiere que Salazar habría sido recompensada por su silencio sobre los recortes, obteniendo un cargo mejor remunerado y asegurando el puesto para su hija. Para Montoya, estos hechos deben ser investigados a fondo por la Fiscalía debido a la posible vulneración de normas de contratación pública.
Respuesta de Rosio Torres
Frente a las acusaciones, Rosio Torres ha negado cualquier responsabilidad y ha calificado el reportaje como un acto de “persecución política” de sus opositores en Loreto. Sin embargo, las investigaciones continúan.