El Congreso de la República logró reunir las 33 firmas requeridas para activar la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en medio de fuertes acusaciones de presunto tráfico de influencias. La iniciativa fue anunciada en redes sociales por la congresista Susel Paredes, quien aseguró que un “protector de delincuentes” no puede ocupar un cargo ministerial.
La medida se sustenta en las revelaciones de unos audios que involucran tanto a Santiváñez como al premier Eduardo Arana, en los que presuntamente se habría coordinado el traslado penitenciario de Miguel Salirrosas, alias “El Diablo”, un interno con amplio historial delictivo recluido en el penal “El Milagro” de Trujillo. Según la denuncia, el pedido buscaba favorecer al mencionado interno, antiguo cliente del hoy ministro.
Con la formalización de la moción, la oposición no solo apunta a la salida de Santiváñez, sino también a golpear políticamente al gabinete ministerial en un momento de alta tensión política y social.
Quiénes apoyan la moción
La lista de firmantes muestra un inusitado consenso entre congresistas de diferentes bancadas, lo que refleja la gravedad de la acusación. Entre los que apoyaron se encuentran Patricia Chirinos, Diego Bazán, Jorge Zevallos, María Agüero, Juan Burgos, Ed Málaga, Margot Palacios, Milagros Rivas, Carlos Zeballos, Jaime Quito, Silvana Robles, Elías Varas, Héctor Acuña, Miguel Ciccia y Pasión Dávila, entre otros.
Este amplio respaldo convierte la moción en un asunto de alta prioridad dentro del Pleno. No obstante, la verdadera disputa se dará en la votación final, donde se requiere mayoría simple para concretar la censura. Aunque aún no está garantizado el desenlace, la presentación de las firmas marca un golpe político directo contra el Ejecutivo.
El trasfondo de los audios
El núcleo del escándalo gira en torno a audios que comprometerían a Santiváñez y a Eduardo Arana, en los que se discutiría el traslado penitenciario de “El Diablo”. El hecho resulta particularmente grave porque Santiváñez fue abogado defensor de este interno antes de asumir como ministro. De confirmarse la veracidad de las grabaciones, se configuraría un caso de conflicto de intereses y abuso de poder.
Tanto Santiváñez como el premier han negado reconocer las voces en los audios y han señalado que se someterán a peritajes. Sin embargo, la opinión pública y buena parte del Parlamento consideran insuficiente esta respuesta, sobre todo ante la magnitud de las acusaciones.
El caso no solo afecta al ministro, sino que amenaza con erosionar la credibilidad del gabinete y de la propia presidenta Dina Boluarte, quien hasta ahora ha evitado pronunciarse con firmeza sobre el tema.
Una batalla política y judicial
La presentación de la moción de censura abre dos frentes de batalla. Por un lado, el Congreso evaluará si destituye a Santiváñez en el plano político. Por otro, la Fiscalía de la Nación deberá investigar los presuntos hechos de tráfico de influencias para determinar si existe responsabilidad penal.
Para la congresista Susel Paredes, la censura es un acto de coherencia política: “Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de Justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera”, expresó en la red social X.
De concretarse la censura, este sería uno de los primeros golpes de magnitud contra el gabinete Boluarte-Arana, abriendo un escenario de inestabilidad política y posibles cambios ministeriales forzados.
Implicancias para el gobierno
El caso Santiváñez ocurre en un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia el Ejecutivo. La imagen de un ministro favoreciendo a un interno de alta peligrosidad daña la narrativa del gobierno que busca proyectarse como firme frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Además, el rol del premier Eduardo Arana en los audios genera un efecto dominó que podría derivar en pedidos de su renuncia o incluso en una crisis más amplia del gabinete. En la práctica, la oposición podría aprovechar este escenario para desgastar a la presidenta Dina Boluarte y fortalecer su posición de cara a los próximos meses.
Preguntas clave
- ¿Logrará el Congreso los votos necesarios para censurar a Juan José Santiváñez?
- ¿Cómo afectará este caso a la estabilidad del gabinete y a la figura de la presidenta Dina Boluarte?
- ¿Qué hallará la Fiscalía en la investigación de los audios y qué consecuencias legales podrían derivarse?
- ¿Se convertirá este caso en un precedente para otros ministros cuestionados dentro del gobierno.
La moción de censura contra Juan José Santiváñez marca un nuevo capítulo en la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo. Con las firmas necesarias ya aseguradas, la batalla pasa ahora al terreno del Pleno, donde el resultado final será un termómetro de la correlación de fuerzas políticas en el país.
Lo que está en juego no es solo la permanencia de un ministro, sino la credibilidad del gobierno, la transparencia en el manejo de la justicia y la capacidad del Estado para enfrentar la corrupción y la inseguridad. Mientras tanto, la ciudadanía observa con desconfianza cómo los escándalos políticos continúan minando la gobernabilidad en el Perú.