Aprueban ley para impulsar la transformación productiva y sostenible del agro Congreso da luz verde a la modernización del agro peruano
El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda y definitiva votación, el dictamen que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con un enfoque de protección social. La medida, respaldada por 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, busca sentar las bases para una agricultura moderna que fomente la empleabilidad, formalización y la inversión, con especial atención a los pequeños productores.
La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 3785/2022-CR, 3954/2022-CR, 5861/2023-CR, 7149/2023-CR y 8924/2024-CR. Fue aprobada en primera votación el pasado 4 de junio, y tras superar esta segunda etapa, queda lista para su promulgación. El marco normativo incluye 27 artículos, 12 disposiciones complementarias finales, 2 modificatorias y 1 transitoria, lo que refleja su alcance integral en materia productiva y social.
¿A quién beneficia esta norma?
Uno de los puntos centrales está en el artículo 4, que define como beneficiarios a los pequeños productores agrarios y empresas agrarias cuya actividad principal sea el cultivo, la crianza o la agroindustria basada mayoritariamente en productos agropecuarios. Estos beneficios se aplicarán a productores y empresas ubicadas fuera de Lima Metropolitana y el Callao, priorizando a las zonas rurales del país.
Además, la ley promueve la formalización del sector, garantizando la propiedad agropecuaria y fomentando la asociatividad como motor para integrar cadenas productivas. Se busca generar un entorno favorable para la inversión privada y el acceso a beneficios tributarios, lo que permitiría que más agricultores pequeños se incorporen a la economía formal.
Beneficios y medidas claves
Los artículos 11 y 12 establecen incentivos tributarios para los pequeños productores y empresas agrarias, mientras que el artículo 15 regula el reintegro tributario del IGV como mecanismo de alivio financiero para los actores del sector.
Un punto clave de la norma es la primera disposición complementaria modificatoria, que faculta a los gobiernos regionales a regularizar la tenencia de tierras eriazas en favor de pequeños productores y cooperativas que ocupen terrenos desde antes del 31 de diciembre de 2020. El proceso se realizará mediante adjudicación directa y pago de un tercio del valor arancelario, lo que podría formalizar miles de hectáreas actualmente en situación irregular.
¿Por qué es importante para el agro peruano?
El dictamen aprobado se presenta como una respuesta a los retos que enfrenta el campo peruano: informalidad, falta de acceso a tecnología, escasa asociatividad y limitado acceso a crédito. Al introducir un marco que combina incentivos fiscales, regularización de tierras y protección a los pequeños productores, se busca cerrar brechas históricas que afectan la competitividad del agro.
En un país donde el sector agrícola aporta cerca del 6% del PBI y emplea a millones de personas, esta ley podría marcar un antes y un después en la modernización de la producción rural. Sin embargo, el debate parlamentario dejó en evidencia la división política sobre su alcance y sostenibilidad fiscal, ya que más de treinta congresistas votaron en contra y diecisiete optaron por abstenerse.
