La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió este miércoles 24 de julio archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), por su presunta implicancia en el denominado caso Mochasueldos. La decisión se tomó con 10 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones, generando críticas por un presunto blindaje político en favor de la legisladora.
La denuncia señalaba a Torres de haber incurrido en el recorte sistemático de sueldos a trabajadores de su despacho congresal, así como de utilizar fondos públicos para financiar la campaña electoral de su esposo. A pesar de que el Ministerio Público presentó capturas de conversaciones y testimonios que apuntaban a una presunta responsabilidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) consideró que no existían suficientes elementos de convicción.
“La Subcomisión concluye que no se ha acreditado evidencia directa que vincule a la congresista Torres con los hechos denunciados. En ese sentido, se recomienda archivar las denuncias acumuladas 456, 361 y 370”, afirmó en el pleno la presidenta de la SAC, María Acuña Peralta, también integrante de APP y hermana del líder del partido, César Acuña.
Chats y testimonios ignorados
El caso Mochasueldos involucra denuncias de excolaboradores del despacho de Rosio Torres, quienes aseguraron que se les exigía entregar un porcentaje mensual de sus sueldos a cambio de mantener sus puestos de trabajo. Además, se presentaron mensajes de WhatsApp que revelarían presiones internas para realizar aportes económicos destinados a la campaña política del esposo de la legisladora.
Sin embargo, la SAC alegó que las pruebas presentadas por la Fiscalía “no son suficientes para establecer una relación directa entre los hechos denunciados y la imputada”. Esta postura fue respaldada en bloque por los congresistas de APP y por otros aliados circunstanciales, lo que permitió alcanzar la votación necesaria para enviar el expediente al archivo.
La decisión provocó críticas de diversos sectores políticos y ciudadanos, al considerar que el Congreso vuelve a usar su mayoría parlamentaria para blindar a sus integrantes. La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, fue quien oficializó la medida al cierre de la sesión:
“Ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En consecuencia, remítase al archivo las denuncias constitucionales 456, 361 y 370 acumuladas”.
Rosio Torres y los antecedentes del caso
Rosio Torres, actual parlamentaria por la región Loreto, ha sido una figura polémica desde que su caso salió a la luz pública a mediados de 2023, cuando un medio local difundió los primeros indicios de recortes de sueldos. Desde entonces, ha negado de manera sistemática las acusaciones, afirmando que se trata de una campaña para desprestigiarla políticamente.
En reiteradas ocasiones, Torres ha sostenido que las denuncias provienen de exasesores “descontentos” o “manipulados políticamente”. Sin embargo, los testimonios recogidos por la Fiscalía de la Nación apuntaban a un modus operandi similar al detectado en otros casos como los de María Cordero Jon Tay o Heidy Juárez, también investigadas por prácticas similares.
El Ministerio Público, por su parte, advirtió que continuará con las investigaciones a nivel penal y no descartó solicitar nuevas diligencias, ahora ante el Poder Judicial, debido al bloqueo político que ha impedido avanzar en el terreno constitucional.
Congreso bajo sospecha de blindaje sistemático
La decisión de archivar la denuncia contra Rosio Torres se suma a una serie de precedentes en los que el Congreso ha cerrado filas para proteger a sus miembros. La figura del “blindaje” parlamentario ha sido reiteradamente denunciada por organismos como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos meses, al menos ocho denuncias constitucionales contra legisladores han sido archivadas por el Congreso, pese a que en muchos casos existían indicios razonables de investigación. Esta práctica ha debilitado la percepción ciudadana sobre la independencia del Legislativo frente a casos de corrupción.
Diversos analistas coinciden en que la acumulación de estos casos sin sanción contribuye a un clima de impunidad institucionalizada, en donde el Congreso actúa como juez y parte. Esto ha provocado un nuevo llamado a reformar el sistema de procesamiento de altas autoridades, incluyendo la creación de un órgano externo o judicial especializado que asuma estas denuncias en lugar del propio Congreso.
