El 1 de abril de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República decidió archivar la denuncia por abuso de autoridad presentada contra la presidenta Dina Boluarte. Con 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, los miembros del Congreso consideraron que la acusación, impulsada por el abogado Reducindo Vega, carecía de fundamentos sólidos. La denuncia se originó tras el despido de Vega como gerente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer), tras sus críticas públicas a la mandataria.
El abogado alegó que su destitución fue una represalia política por sus declaraciones en los medios de comunicación, donde cuestionaba la gestión de Boluarte. Sin embargo, la Subcomisión concluyó que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que el despido estuviera relacionado con sus comentarios. Además, la denuncia también mencionaba a la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, aunque esta no fue parte de la resolución final.
Mientras tanto, el gobierno de Dina Boluarte sigue en el centro del debate político. Recientemente, la presidenta ha propuesto una nueva ley que obligaría a los medios de comunicación a emitir una franja informativa sobre las acciones del Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad. Aunque la iniciativa ha sido vista por algunos como un intento de control de los medios, Boluarte la defendió, asegurando que es esencial para que la población esté al tanto de los avances en seguridad.
Con esta denuncia archivada, la presidenta Boluarte mantiene su enfoque en la gestión de la seguridad y otras reformas clave. Sin embargo, la tensión política continúa en el país, con críticas que apuntan tanto a su estilo de liderazgo como a sus iniciativas en materia de comunicación y control público.
