La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República admitió la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero. La decisión se tomó tras revisar la documentación enviada por el Ministerio Público, que atribuye a los acusados presuntos delitos de cohecho pasivo propio cometidos entre 2021 y 2022.
De acuerdo con la investigación fiscal, Pedro Castillo habría recibido pagos ilícitos del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, destinados a financiar actividades políticas, personales y familiares, así como para influenciar decisiones legislativas y judiciales durante su gobierno.
¿Por qué se denunció a Pedro Castillo?
Según la denuncia de la Fiscalía de la Nación, los fondos entregados al exmandatario habrían sido utilizados para movilizar apoyo político en votaciones clave dentro del Congreso, como las mociones de vacancia presidencial. Asimismo, se le atribuye haber participado en presuntos sobornos a magistrados del Poder Judicial, con el objetivo de favorecer intereses personales y de su entorno más cercano.
El informe fiscal detalla que, durante su gestión, Castillo habría utilizado su posición de poder para crear una red de influencias que buscaba garantizar impunidad judicial y asegurar la continuidad de sus aliados políticos en posiciones estratégicas.
Exministros involucrados en la trama
La denuncia también alcanza a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y a Félix Chero, exministro de Justicia y Derechos Humanos. Ambos habrían tenido un rol clave en la presunta estructura de corrupción.
- Geiner Alvarado: se le atribuye haber canalizado los pagos ilícitos que terminaron beneficiando a Castillo y a otros miembros de su entorno.
- Félix Chero: está señalado por supuestamente facilitar gestiones judiciales destinadas a favorecer a personas allegadas a la presidencia.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales citó a ambos exministros para que respondan por las acusaciones y presenten sus descargos. De comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar inhabilitación política y procesos penales.
Procedimiento constitucional en curso
La admisión de la denuncia marca el inicio de un proceso parlamentario que podría derivar en la inhabilitación política de los acusados, así como en el envío del caso al sistema judicial ordinario.
El procedimiento seguirá los plazos establecidos por el reglamento del Congreso e incluye varias etapas:
- Análisis de pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas.
- Citación de los acusados para que presenten sus descargos.
- Elaboración de un informe final por parte de la Subcomisión.
- Debate en la Comisión Permanente y, posteriormente, en el Pleno del Congreso.
Si el Pleno aprueba el informe, el caso pasará al Poder Judicial, donde se continuará con la investigación penal correspondiente.
Contexto: Pedro Castillo y sus otras investigaciones
Esta nueva denuncia se suma a otras investigaciones abiertas contra Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva. Durante su gestión presidencial, el exmandatario fue señalado en múltiples casos de corrupción, incluyendo:
- Obras públicas adjudicadas irregularmente.
- Designación de funcionarios sin idoneidad.
- Presunta organización criminal en el Estado.
La Fiscalía sostiene que Castillo habría liderado una red de corrupción instalada en diversas instituciones, incluyendo ministerios y empresas públicas. Los nuevos hallazgos refuerzan las sospechas de que las presuntas prácticas ilícitas se extendieron de forma sistemática durante su mandato.
¿Qué consecuencias enfrenta Pedro Castillo?
De prosperar la denuncia en el Congreso, Pedro Castillo podría enfrentar dos escenarios simultáneos:
- Inhabilitación política: que le impediría ejercer cualquier cargo público.
- Procesos penales: por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y corrupción de funcionarios.
La combinación de ambos frentes judiciales complica la situación legal del exmandatario, cuyo futuro político ya se encuentra seriamente comprometido.
Impacto político y repercusiones
El caso representa un nuevo capítulo en la crisis política del Perú, donde las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo se mantienen latentes incluso tras la caída de Castillo.
El desarrollo del proceso podría marcar un precedente sobre cómo se manejan las acusaciones constitucionales en el país y abrir un debate sobre la transparencia en la gestión pública.
