Tras más de once años de espera, el caso Saweto llegó a una resolución clave. La Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó este lunes la sentencia de 28 años y tres meses de prisión efectiva contra cuatro de las cinco personas imputadas por el asesinato de los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez, ocurrido el 1 de septiembre de 2014.
La decisión también establece que los responsables deberán pagar una reparación civil de 100 mil soles por cada víctima, una cifra menor a la solicitada por la defensa civil y el Ministerio Público, quienes pedían 35 años de cárcel y 250 mil soles por cada familia afectada.
¿Quiénes fueron condenados y por qué?
Según el fallo, Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta fueron hallados responsables de dar la orden para asesinar a los líderes indígenas, mientras que los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix cometieron directamente los crímenes.
El quinto imputado, Eurico Mapes Gómez, permanece como reo contumaz, ya que no se presentó a las audiencias. Su proceso está suspendido y actualmente sigue no habido, mientras la Fiscalía sostiene que también participó en los homicidios.
Contexto del crimen: ¿qué motivó los asesinatos?
En setiembre de 2014, los dirigentes de la comunidad Alto Tamaya-Saweto fueron emboscados y asesinados tras denunciar prácticas de tala ilegal en la Amazonía peruana. La Fiscalía señala que los homicidios fueron represalias de grupos vinculados al tráfico de madera ilegal, una problemática recurrente en la región de Ucayali que afecta a comunidades indígenas y al medio ambiente.
El asesinato de estos líderes ashéninkas generó un profundo impacto en la comunidad y una lucha prolongada por justicia, que incluyó procesos judiciales extensos y apelaciones sucesivas.
Un largo proceso judicial
El proceso penal por el caso Saweto ha sido extenso y complejo. En febrero de 2023, la Corte Superior de Justicia de Ucayali había dictado 28 años y tres meses de prisión a los cinco acusados por homicidio calificado y ordenado el pago de 200 mil soles de reparación civil para las familias. Sin embargo, el fallo fue apelado por la defensa y posteriormente anulado en agosto de 2023 por “defectos en la valoración de pruebas”.
Un nuevo juicio oral comenzó el 2 de noviembre de 2023 en el Juzgado Colegiado de Pucallpa, culminando en abril de 2024 con la misma condena para Hugo Soria, José Estrada y los hermanos Atachi, además del pago de S/ 200 mil como reparación civil (S/50 mil por familia). La decisión fue nuevamente apelada por la defensa de las viudas, quienes solicitaban incrementar la reparación a S/250 mil por cada familia, mientras que la Fiscalía pedía aumentar la pena a 35 años, tal como había solicitado en su acusación inicial.
¿Por qué se mantiene el debate sobre la pena y la reparación?
La controversia gira en torno a la gravedad del crimen y la reparación a las víctimas. La defensa y el Ministerio Público consideran que la pena de 28 años no refleja plenamente la responsabilidad de los acusados ni resarce adecuadamente a las familias de los líderes indígenas. Por su parte, el Poder Judicial sostiene que la condena actual y la reparación civil determinada son proporcionales según la ley y las pruebas presentadas en el proceso.
Este debate no solo refleja la tensión entre justicia y reparación, sino también la dificultad de garantizar que todos los implicados enfrenten la justicia, especialmente en el caso de Eurico Mapes Gómez, quien sigue prófugo.
Relevancia del caso Saweto
El caso Saweto se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de líderes indígenas y defensores ambientales en la Amazonía peruana. La sentencia ratificada hoy envía un mensaje sobre la importancia de sancionar crímenes contra comunidades vulnerables, en un contexto donde la tala ilegal y el tráfico de madera siguen siendo una amenaza para la región.
Además, la resolución judicial pone en evidencia la complejidad de los procesos penales en contextos rurales y amazónicos, donde factores como la distancia, la inseguridad y la falta de recursos judiciales pueden prolongar la búsqueda de justicia por más de una década.
Expectativas de la comunidad y próximos pasos
Con la ratificación de la condena, las familias de las víctimas esperan que se mantenga la firmeza en la persecución del quinto acusado y que se cumpla la reparación civil establecida. La comunidad de Saweto y los defensores de derechos indígenas consideran que este fallo representa un paso importante, aunque no definitivo, en la lucha contra la impunidad en la Amazonía.
El caso seguirá siendo monitoreado de cerca por la sociedad civil y organizaciones indígenas, que exigen medidas preventivas y justicia efectiva para que los crímenes contra defensores de derechos humanos y ambientales no queden sin sanción.
