El Poder Judicial admitió la participación de la Procuraduría Anticorrupción como actor civil dentro de la investigación preparatoria seguida contra dos exasesores de la congresista María Agüero, en el denominado caso Mochasueldos, una de las investigaciones que involucran presuntos recortes salariales a trabajadores del Congreso.
La decisión permitirá que el Estado peruano pueda reclamar una eventual reparación civil en caso de que los acusados sean hallados responsables de los delitos que les atribuye el Ministerio Público.
La investigación apunta a una presunta red de recolección ilícita de dinero proveniente de descuentos realizados a trabajadores del despacho parlamentario entre junio de 2022 y mayo de 2023.
El Poder Judicial admite la participación de la Procuraduría
El juez Abel Centeno declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, incorporándola formalmente como parte agraviada en el proceso.
La resolución, emitida el pasado 10 de junio, determinó que el pedido cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal.
Además, el magistrado precisó que ninguna de las partes involucradas presentó oposición dentro del plazo legal correspondiente, permitiendo así que la defensa jurídica del Estado participe activamente en el caso.
Con esta decisión, la Procuraduría podrá intervenir en las diligencias y solicitar una reparación económica a favor del Estado peruano.
Caso Mochasueldos: exigen una reparación civil superior a S/ 662 mil
Dentro de la solicitud presentada, la defensa legal del Estado propuso inicialmente una reparación civil no menor a S/ 662 mil.
La cifra deberá ser evaluada durante el desarrollo del proceso penal y podría variar dependiendo de los resultados de la investigación y de una eventual sentencia condenatoria.
La incorporación del Estado como actor civil es una herramienta utilizada en los procesos de corrupción para recuperar recursos y compensar los daños ocasionados a la administración pública.
Fiscalía investiga presuntos recortes salariales
La Fiscalía atribuye a César de la Cruz y Edson Flores haber actuado como presuntos recolectores y receptores iniciales del dinero que habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho congresal.
Según la investigación, los descuentos se habrían realizado entre junio de 2022 y mayo de 2023.
Actualmente, César de la Cruz permanece en España, donde enfrenta un proceso de extradición activa solicitado por las autoridades peruanas.
Por su parte, Edson Flores continúa afrontando la investigación bajo un régimen de comparecencia.
María Agüero también es investigada por la Fiscalía
La congresista María Agüero, integrante de la bancada de Perú Libre, también es investigada por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
Como parte de estas pesquisas, en noviembre de 2024 las autoridades ejecutaron allanamientos en su vivienda y en sus oficinas parlamentarias.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la legisladora habría utilizado su posición como congresista para inducir u obligar a trabajadores de su despacho a entregar parte de sus remuneraciones mensuales.
El Ministerio Público busca determinar si existió una estructura organizada destinada a captar dinero proveniente de los salarios de los trabajadores del Congreso.
En resumen
La incorporación de la Procuraduría Anticorrupción al caso Mochasueldos refuerza la estrategia del Estado para perseguir responsabilidades penales y económicas en investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción. El avance del proceso será clave para determinar el grado de participación de los exasesores y esclarecer las acusaciones que también alcanzan a la congresista María Agüero.