El Ministerio Público, a través del Equipo 3 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, logró la detención preliminar judicial de cinco presuntos miembros de la organización criminal conocida como “Los seductores de Puente Piedra”, sindicada de trata de personas en agravio de menores de edad sometidas a explotación sexual.
Cinco detenidos por explotación sexual de menores
Según la investigación fiscal liderada por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco, la red criminal habría captado a una adolescente en situación de vulnerabilidad, a quien posteriormente obligaron a mantener relaciones sexuales con distintos sujetos en hospedajes del distrito de Puente Piedra.
Los detenidos fueron identificados como Juan Villacorta, Lourdes Carbajal, Sandra Gastelu, Wilma Gómez y Juan Dávila, quienes —según la tesis fiscal— integraban una organización dedicada a lucrar mediante la explotación sexual de menores.
Las víctimas eran sometidas mediante amenazas y coerción psicológica, con el fin de impedir que escapen o denuncien los abusos.
Operativo en tres distritos de Lima
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ejecutó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados a los imputados, ubicados en los distritos de Ancón, Puente Piedra y Cercado de Lima.
Durante la intervención se incautaron equipos celulares, documentos y otros indicios que permitirán profundizar las investigaciones sobre la estructura y las rutas de captación de víctimas.
El operativo se realizó con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, en un despliegue coordinado que permitió la detención simultánea de los presuntos implicados sin registrar incidentes.
Fiscalía refuerza acciones contra la trata de personas
El fiscal superior Jorge Weyner Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, destacó el resultado del operativo y reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra la trata de personas, uno de los delitos más graves y extendidos en el país.
“Estas acciones demuestran la firme voluntad del Ministerio Público para desmantelar las redes criminales que lucran con la vulnerabilidad de niñas y adolescentes”, expresó el magistrado, quien supervisó la intervención.