El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación la ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática al Código Penal, estableciendo penas severas para actos violentos y organizados que generan inseguridad en el país.
El Congreso peruano dio luz verde a una normativa que endurece las sanciones para delitos cometidos de forma sistemática y con uso de armas de fuego, explosivos o armamento militar. La ley fue aprobada con 83 votos a favor y 27 en contra, sin abstenciones, y contempla penas que van desde 35 años de prisión hasta cadena perpetua para delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado.
¿Qué establece la nueva ley de criminalidad sistemática?
La ley introduce el artículo 318-B al Código Penal, tipificando la criminalidad sistemática como un delito que implica la comisión reiterada de graves actos delictivos, generando temor y zozobra en la población.
Se contempla cadena perpetua para quienes, mediante el uso de armamento militar o explosivos, realicen actos criminales de gran impacto, mientras que penas no menores de 35 años aplican cuando se ejecuten al menos tres actos graves de forma generalizada.
Además, la norma establece agravantes como la participación de menores de edad, miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, la extrema crueldad en la comisión del delito, o que esté dirigido contra funcionarios públicos.
¿Por qué cambiar “terrorismo urbano” por criminalidad sistemática?
Inicialmente, el proyecto fue conocido como “terrorismo urbano”, pero tras amplios debates parlamentarios, se optó por la denominación criminalidad sistemática para precisar y ampliar el enfoque legal sin vincularlo directamente con el terrorismo tradicional.
El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, recordó el proceso: “Este dictamen contiene 17 proyectos de ley presentados por distintas bancadas y fue debatido intensamente desde octubre de 2024”.
¿Quiénes votaron a favor y en contra?
Los partidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú respaldaron mayoritariamente la norma. Por otro lado, Juntos por el Perú, Voces por el Pueblo, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista se opusieron, argumentando preocupaciones sobre la efectividad y la ambigüedad del texto.
¿Qué argumentos se escucharon en el debate?
El congresista Diego Bazán defendió la iniciativa señalando la necesidad de respuestas contundentes ante ataques recientes, como las explosiones en la sede del Ministerio Público y en Trujillo en 2025.
Por su parte, la congresista Gladys Echaíz cuestionó que la ley no soluciona el problema principal, que es el corto plazo que tiene la Policía para realizar investigaciones (48 horas), y propuso ampliarlo a 15 días para casos graves.
Ruth Luque expresó su rechazo al “populismo penal” que representa la ley y advirtió que su redacción ambigua puede llevar a arbitrariedades.
¿Qué sigue tras la aprobación?
Con la segunda votación exitosa, la norma está lista para su promulgación y entrada en vigencia. La ley busca fortalecer el marco jurídico para combatir la violencia organizada y la delincuencia organizada que afecta especialmente a zonas urbanas y regiones con alta conflictividad.
